Una
democracia cara e inútil
Por Álvaro Belin Andrade
HORA LIBRE
Como la transparencia, la democracia en
México cada día nos sale más cara… y falsa.
Los enormes flujos de recursos que
confluyen en los equipos de todos los partidos políticos durante los procesos
electorales no solo entrañan ominosos actos de corrupción en todos los niveles
de gobierno sino también inconfesables alianzas con los grupos de poder local y
con las organizaciones criminales.
Hace mucho que los comicios están teñidos
por la ilegalidad. Baste recordar las acusaciones contra el Partido
Revolucionario Institucional por rebasar con mucho los topes de campaña en la
elección presidencial pasada.
Tan fuertes fueron las evidencias, que pusieron
en duda la legalidad del triunfo de Enrique Peña Nieto.
Pero no fue el único. Cada día se agregan
evidencias de un gasto desmedido de todos los candidatos a puestos de elección
popular, propuestos por todos los partidos políticos.
Una compleja y onerosa maquinaria es
puesta en operación no para convencer sobre las bondades del partido y sus
candidatos sino para comprar descaradamente el mayor número de votos.
Por desgracia, ni antes, ni durante ni
después de celebradas las elecciones locales y federales se realizan
investigaciones serias y a fondo sobre el origen de camionadas de billetes que
se usan para manipular el curso de las votaciones. Y todos los partidos, sin
excepción, están marcados con el mismo fierro.
Un
político pobre es un pobre político
La frase acuñada por el profesor Carlos
Hank González, paisano del presidente Peña Nieto, puso de relieve desde las
épocas gloriosas del partido aplanadora, que para aspirar hay que tener, y en
abundancia. El propio Hank González fue un ejemplo de ello.
Los propios programas de gobierno que
llegan a aterrizar tienen el propósito de incidir a favor del partido que
gobierna, y las listas de beneficiarios son manipuladas para obligar a emitir
un voto que permita mantener el estado de cosas.
Prácticamente cada año hay procesos
electorales. Salvo 2014, en el caso de Veracruz, en los siguientes años el
dinero público y el que proviene de grupos delictivos se pondrá en juego para
normar la mal llamada voluntad popular.
En 2015, habrá elecciones para renovar la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En 2016, se renueva la Legislatura local
y se abre el proceso para elegir al Gobernador del Estado.
En 2017 se elige a los 212 presidentes
municipales.
En 2018 votaremos por Presidente de la
República, Senadores y Diputados federales y, en una de esas, hasta Gobernador
del Estado, en caso de que prospere la sospechosa propuesta de un gobernador
por dos años.
En 2019, de nueva cuenta elegiremos diputados
locales.
Hasta donde mi cálculo lo permite, 2020
será un año para el descanso ciudadano.
Con un calendario electoral de este
talante, la pregunta obligada es: ¿cuándo habrá presupuesto para atender las
graves penurias de un estado que, como Veracruz, simplemente no crece, salvo en
el sector turístico, con un dinamismo lejano al de otros estados?
Y es que, mientras este año, el poco
dinero de que ha dispuesto el gobierno estatal para políticas públicas se ha
destinado mayoritariamente a la preparación de unos juegos centroamericanos que
a nadie tiene contentos, en los próximos años los débiles excedentes se irán a
hacer ganar al PRI.
El
dinero del crimen
Si es verdaderamente exasperante que
nuestros gobiernos destinen dinero del erario al apoyo de candidatos
impopulares que solo comprando votos pueden ganar, es más preocupante que en
los comicios juegue dinero proveniente de organizaciones delictivas.
Para nuestra desgracia, cada vez más
candidatos de todos los colores y sabores se prestan a hacer alianzas con
organizaciones delictivas, empresarios deshonestos, compañías dedicadas a la
extorsión, para obtener dinero que les permita el reparto de despensas,
camisetas, sombrillas, láminas, bultos de cemento, medicamentos, útiles escolares
y… dinero en efectivo.
No hace falta sino tomar del archivero el
expediente más cercano, el del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, preso ya
en el penal del Altiplano, para saber cómo el Partido de la Revolución
Democrática hizo para ganar esa plaza, lo mismo que el gobierno del estado de
Guerrero.
La colusión de políticos corruptos y
criminales, cobijados por partidos de toda la gama de colores, con individuos y
organizaciones urgidos de poder político, están llevando al país a la pérdida
de su proyecto de nación.
En todos los rumbos de la república nos
gobiernan ladrones, gente ligada a organizaciones criminales o creadores de sus
propias mafias dentro del poder para medrar con el presupuesto público.
El estado de Veracruz, por desgracia, no
está exento. El criminal endeudamiento realizado por Fidel Herrera Beltrán
durante su mandato de ninguna manera se manifestó en el progreso de la entidad
y sí, en cambio, en su inexplicable enriquecimiento.
En el actual gobierno, las cosas no
pintan diferente. Muchos funcionarios públicos han pasado de la miseria a la
más ofensiva opulencia; se han mantenido en las esferas del poder y muchos de
ellos se encuentran en la antesala de lograr un puesto de elección popular para
contar con el fuero constitucional que les permita evadir la justicia.
Han convertido al antiguo vergel en un
verdadero desierto de miseria y desesperanza, sin que haya ninguna posibilidad
de llevarlos ante los tribunales, cuyos integrantes también se bañan en el
mismo estercolero.
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