Y las buenas noticias, ¿cuándo?

Por Álvaro Belin Andrade

En algún momento de la presente administración estatal deberá detenerse la política presupuestal de choque que se ha aplicado para resistir una histórica carencia de recursos en las finanzas públicas. Y digo que esto debe hacerse en algún día porque los efectos en las economías de las familias afectadas por recortes y despidos, necesarios según políticas neoliberales, son estremecedores.

                Desde el inicio de su gestión, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha debido tomar medidas radicales para afrontar compromisos estratosféricos heredados de su antecesor, quien prácticamente cerró la caja a deudores y solo se dedicó a gastar para atraer reflectores mediáticos y triunfar en la elección más importante al término de su gobierno.

                Cada vez más frecuentemente recibimos noticia de un nuevo ajuste. A la implantación de un programa para el retiro voluntario de burócratas, para muchos de los cuales no ha sido tan voluntario, ha seguido la desaparición de dependencias como la policía intermunicipal de Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan y de 16 organismos públicos descentralizados (OPD), de los más visibles por cierto.

                Por supuesto que hay razones para tomar las medidas. De entrada, se busca adelgazar la muy adiposa estructura burocrática que se había multiplicado para dar cabida a muchos colaboradores que buscaban justo pago a sus contribuciones político-electorales. La primera medida fue, de hecho, despedir a miles de colaboradores que cobraban en las dependencias públicas, muchos de ellos (y ellas) sin aportar nada a la tarea gubernamental.

                No hemos sabido al momento, porque hasta el Contralor General Iván López Fernández parece olvidarlo cuando es entrevistado, exactamente cuántas personas han salido de sus puestos, en muchos casos luego de décadas de permanecer en ellos, para engrosar las filas de los desempleados o de los “emprendedores”, como al estilo Ernesto Cordero se los imagina el Contralor veracruzano.

                Lo cierto para las autoridades es que la desaparición de los 16 OPD permitirá un ahorro anual de cerca de 800 millones de pesos, que se suman a los mil 200 millones que ha permitido el programa de Retiro Voluntario. Sin embargo, dichos ahorros no servirán socialmente de mucho porque su destino no será precisamente la inversión en obras y servicios públicos, al menos en 2011, sino a zanjar el grave problema de las deudas heredadas.

                Por eso se esperan buenas noticias. A tal grado ha llegado la incredulidad de los veracruzanos que hasta cuando se anuncia la realización de obras –con recursos derivados del impuesto del 2% a la nómina o de la tenencia vehicular que pagan los propietarios de autos de lujo o del Fonden–, más se piensa en buenos propósitos que en proyectos factibles.

Ayuntamientos, de mal en peor

Los ayuntamientos están resintiendo estas carencias con mayor rigor, salvo algunos que son poseedores de simpatías del más alto nivel.

En Xalapa, por ejemplo, todo es bisutería, imágenes de la alcaldesa en cuanto acto público se celebra, declaraciones cuyos contenidos ya la habrían convertido en capital de primer mundo, la filantropía electorera elevada a política pública. Pero nada concreto.

Las afectaciones por lluvias han recibido la atención de Elizabeth Morales, quien ha ido a poner en riesgo sus zapatillas de lujo, pero no ha regresado para cumplir sus compromisos de apoyar a los damnificados.

Y eso ocurre en la capital estatal. ¿Qué ocurrirá en municipios que ni los medios de comunicación recuerdan?

Veracruz está cruzando una zona de alta turbulencia. El control político que ejerce el Partido Revolucionario Institucional (PRI), frente a la falta de activismo del PAN y la carencia de liderazgo del PRD, han permitido que la grave situación económica de los veracruzanos no se refleje en estallido social.

Aunque se anuncien nuevas inversiones privadas, lo cierto es que la generación de empleos se da en niveles laborales que no requieren mucha preparación y, por tanto, aportan salarios bajos sin posibilidad de defender derechos laborales históricos.

El despido masivo de profesionistas y técnicos capacitados de las filas gubernamentales generará, como bien ha dicho Jesús Castañeda Nevares, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, el engrosamiento del empleo informal, principalmente en el comercio callejero.

Por eso urgen ya buenas noticias de boca del gobernador Javier Duarte.