No
estamos creciendo
Por Álvaro Belin Andrade
HORA
LIBRE
Las cifras son frías y despiadadas. La
percepción generalizada entre los veracruzanos de que la situación se ha
estancado, de que los negocios cierran a unos meses de inaugurarse, de que no
hay empleos y la producción agrícola y ganadera resiente la falta de apoyos y los
flagelos de la violencia y el intermediarismo, que no se invierte en obra
pública, se corrobora en los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB).
Pese a los discursos de la jarocha
próspera y el enorme dinamismo de la entidad sobre la supuesta atracción de
enormes inversiones privadas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) nos ha venido a corroborar lo que el más lego en economía había sentido
en su propio pellejo: no crecemos, no aportamos al desarrollo del país,
retrocedemos en lugar de logar con el progreso y el desarrollo.
En efecto, según el INEGI, en el segundo
trimestre de 2014 Veracruz tuvo un comportamiento negativo respecto a igual
periodo de 2013, y se ubica –junto con otros ocho estados– dentro del grupo que
presentó las peores lecturas en su PIB, con un crecimiento negativo de menos
0.4 por ciento, lo mismo que Tlaxcala. Incluso, Tamaulipas tuvo un desempeño
menos negativo (-0.2%).
En el grupo señalado como el que tiró
hacia abajo el índice de crecimiento del PIB a nivel nacional, se ubican
también Campeche (-2.8%), Morelos (-1.6%), Baja California Sur (-1.4%), Baja
California (-1.3%), San Luis Potosí (-0.9%) y Sonora (-0.8%).
En contraste, los estados que tuvieron un
desempeño destacado y, con ello, impulsaron el crecimiento de la economía
mexicana durante el segundo trimestre de este año, fueron Aguascalientes
(8.6%), Zacatecas (5.7%), Guanajuato (5.1%), Tabasco (4.8%), Querétaro (4.6%),
Guerrero (4.3%), Durango (4.2%) y Michoacán (4.1%).
Destaca que tres de las entidades más
afectadas por la operación de grupos criminales locales, con una opinión
negativa para la aplicación de inversiones e incluso para el sector turismo,
como Guerrero, Michoacán y Morelos, superen en más de 4 por ciento al
crecimiento experimentado por Veracruz.
Según el INEGI, el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) mostró un crecimiento promedio de 1.6
por ciento durante los meses de abril, mayo y junio de 2014. Por cierto, este
índice contrasta con el del primer trimestre, que fue de 1.8 por ciento.
No destacamos ni en la actividad primaria
(agricultura, ganadería, piscicultura), rubro en que los estados que tuvieron
el mayor crecimiento fueron Aguascalientes (15.3%), Baja California (14.4%),
Distrito Federal (13%), Guerrero (12.9%) y Michoacán (12.7%).
Aunque Veracruz ha sido considerado
políticamente como el granero del país, lo cierto es que en el segundo
trimestre experimentó nulo crecimiento: ¡-9.8 por ciento! Como para que
cualquiera que gobierne Veracruz se ponga rojo de vergüenza.
Las constantes protestas de los grupos y
organizaciones campesinas ante el olvido en que los tiene sumidos el gobierno
de Veracruz, se han vuelto cotidianas. El mayor esfuerzo desplegado por la
Sedarpa, a cuyo frente se encuentra un fantasioso Manuel Martínez de Leo, ha
sido vanagloriarse de los primeros lugares que ocupa Veracruz en el volumen de
producción de algunos productos del campo, logros en que su dependencia no ha
intervenido ni con apoyo financiero ni con asesoría, promoción u organización productiva.
Tampoco destacamos en el sector
secundario (producción industrial), rubro en que en cambio tuvieron un
desempeño descollante durante el segundo trimestre, los estados de
Aguascalientes (16.8%), Guerrero (14.2%), Zacatecas (11.2%), Guanajuato (9.9%)
y Michoacán (9.2%). De hecho, el desempeño fue negativo: -2.2 por ciento.
No nos queda sino preguntarnos el destino
de las cifras altísimas anunciadas por el gobierno estatal respecto al arribo
de capitales privados, nacionales y extranjeros, para asentar industrias en
nuestro territorio.
Por otra parte, en el sector terciario
(comercio y servicios), Veracruz tuvo un tímido crecimiento de 2.0 por ciento,
lo que no le alcanzó ni para rescatar las cifras negativas de los sectores
primario y secundario, ni para destacar en la tabla general, donde las
entidades que mostraron mayor dinamismo fueron Baja California Sur (4.3%),
Estado de México (4%), Querétaro (3.7%), Hidalgo (3.2%), Quintana Roo (3.1%) y
Nuevo León (3%).
Hay que recordar que en el periodo
analizado tuvo una importante aportación el periodo vacacional de Semana Santa,
por lo que sospechamos que el tercer trimestre será más bajo. El cuarto, por el
que cruzamos, puede que se componga con los famosos Juegos Centroamericanos y
del Caribe.
¿Desaparecerán
las policías municipales?
Tal parece que el tema de la desaparición
de las policías municipales, convertidas en brazos armados de los alcaldes y
alcaldesas y en extensiones del crimen organizado, se ha vuelto asunto de la
mayor importancia en el ámbito nacional.
Varios gobernadores ya se han pronunciado
por una reforma policial que permita crear la policía nacional única y una más
por cada entidad federativa, para que se hagan cargo de la seguridad en sus
respectivos ámbitos de competencia.
Graco Ramírez, gobernador de Morelos, una
de las entidades que padecen los más altos índices delictivos, propuso una
reforma constitucional para quitar a los municipios la responsabilidad de la
seguridad pública, y con él coinciden los gobernadores de Nuevo León y
Chihuahua, Rodrigo Medina y César Duarte.
Y es que el caso del asesinato y
desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa en Guerrero fue la punta del
iceberg para reconocer las condiciones que viven las corporaciones policiacas locales,
las más cercanas a la población y que son manejadas a discreción por los
presidentes municipales.
Los integrantes de estos cuerpos conviven
permanentemente con las comunidades donde prestan sus servicios, normalmente
sin la capacitación y armamento adecuados y ganando salarios de hambre que,
investidos de fuerza e impunidad, tradicionalmente se traduce en extorsión y
componendas. Para colmo, en muchísimos casos son cooptados por el crimen
organizado, cuyos integrantes los someten a la disyuntiva de ganar más dinero o
ser ejecutados, ellos o sus familias, y en muchos casos operan como brazos
armados de los ediles.
Estos
rasgos hacen riesgoso el actual modelo, definido en el artículo 115
Constitucional, que se refiere a la organización política y administrativa de
las localidades. Sin embargo,
pese a la tormenta reformadora de Enrique Peña Nieto, tocar al municipio y sus
atribuciones puede ser una operación imposible, sobre todo en momentos en que
se avecinan procesos electorales.
Lo
cierto es que hará falta por lo menos que el gobierno federal y los de los
estados apliquen políticas de vigilancia y operativos más agresivos para
intervenir en aquellas policías en que haya incluso sospechas de una actuación
ligada con las organizaciones criminales.
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