Obesidad infantil, una tragedia

Por Álvaro Belin Andrade

En una o dos décadas, México podría convertirse en un país enfermo. Lo más grave: no habrá presupuesto que alcance para atender las enfermedades derivadas de un fenómeno creciente que ha colocado a nuestro país en el primer lugar mundial en obesidad infantil.

Las medidas apenas empezarán a aplicarse en agosto próximo en las escuelas de educación básica, consideradas como los principales espacios obesigénicos, siempre que las trasnacionales que producen y comercializan comida chatarra y bebidas ricas en calorías lo permitan.

Según la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO), desde hace 15 años el gobierno mexicano tenía conocimiento del galopante crecimiento de la obesidad infantil y no actuó, en parte por las implicaciones políticas que le representaría afectar los intereses de las grandes empresas estadounidenses.

En efecto, el titular de la secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ha reconocido que en los últimos 20 años la obesidad infantil se triplicó.

Según cifras de IASO, que reúne a miles de especialistas en obesidad de 56 países, y de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población mexicana de entre 5 y 17 años sufre sobrepeso, y se estima que uno de cada tres nacidos desarrollará diabetes de tipo 2 a lo largo de su vida, con el riesgo de padecer enfermedades coronarias, hipertensión, infarto, artritis y ciertos tipos de cáncer.

El presidente de IASO, Philips James, no se anda por las ramas:

“Es una tragedia lo que está ocurriendo en México. Está demostrado que la obesidad le quita 10 años de vida a los niños cuando llegan a jóvenes adultos. No hay gobierno en el mundo que tenga el presupuesto para hacer frente al enorme costo causado por la epidemia de obesidad infantil que está sufriendo México”.

Para atacar este grave problema deben ponerse en acción muchas voluntades, si bien la intervención gubernamental es fundamental para promover un gran movimiento ciudadano que atienda esta grave epidemia. Y digo que es importante la intervención estatal porque deben tomarse medidas regulatorias que impidan el envenenamiento de nuestra población infantil en aras de un capitalismo salvaje.

Los padres de familia deberán tomar una acción decisiva en varios frentes: en primera, evitar que en las loncheras, los niños lleven este tipo de alimentos desde casa; también, vigilar que en las escuelas se eliminen aquellas bebidas y productos comestibles que vulneren la salud de los estudiantes, y educar a sus hijos sobre las consecuencias de los nuevos hábitos de consumo.

El gobierno deberá acordar con las empresas medidas determinantes para reducir los contenidos altamente calóricos de sus productos; vigilar que en las escuelas se reduzca, si bien de manera paulatina, la oferta de estos productos; evitar la publicidad agresiva que condiciona el consumo de estos productos entre niños y jóvenes; realizar campañas promocionales que hagan patente los riesgos sanitarios del consumo de estos productos, entre otras medidas.

Es, en efecto, una tarea enorme que debe acometerse colectivamente, casi con la misma intensidad con que se combate al crimen organizado, con la diferencia de que sólo causará bajas en las enormes ganancias de las empresas.





La batalla apenas empieza… mal


Si bien se han dejado pasar décadas decisivas, es de reconocer la iniciativa de las secretarías de Salud y de Educación Pública, en acuerdo con las autoridades estatales de ambos ramos, para poner en la mesa de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar.

Pero apenas ha comenzado la batalla, y los primeros escarceos parecen indicar que la victoria llegará de manera un poco dilatada.

El anteproyecto establecía la prohibición de la venta de refrescos y de productos que superen el mínimo calórico que contienen yogures, leches enteras y azucaradas, alimentos fritos, tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y hotcakes.

Pero organismos no gubernamentales han alertado sobre la desaparición de esta lista en el documento entregado finalmente a la Cofemer.

Entre el 26 de mayo en que se dio a conocer el anteproyecto y el 9 de julio en que fue entregado a la comisión regulatoria, desapareció la lista de alimentos que, según las autoridades, no debían traspasar las aduanas escolares.

“En menos de dos semanas, las empresas alimentarias rasuraron los lineamientos básicos de la propuesta”, según Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Y es que ya se había previsto la rabiosa oposición de los cárteles de la obesidad, que dependen del irracional consumo infantil para obtener ganancias exorbitantes, y veremos a partir de agosto la respuesta de los obesomenudistas, para quienes es un asunto de supervivencia, si no le meten creatividad.

Los fabricantes de alimentos y bebidas chatarra han tenido décadas de gracia muy bonancibles. Desde hace 50 años atacan publicitariamente a una enorme población infantil que ha navegado con mucha rapidez hacia nuevos hábitos de consumo alimenticio, lo que se ha visto con especial contundencia en los últimos 20 años.

Según un estudio pedido por diputados federales, la industria de la comida chatarra genera cerca de 20 mil millones de pesos anuales y mantiene imantados a los niños con cerca de 12 mil anuncios por televisión.

Si a estos se agregan anuncios en cines, periódicos, revistas, plazas comerciales y publicidad impresa que se pega hasta en los más humildes estanquillos de las más remotas comunidades, ya podemos imaginar el efecto nocivo en los niños, quienes adoptan ese fúnebre consumo para toda la vida.

En cientos de miles de escuelas, las cooperativas y concesionarios que aprovechan el mercado cautivo de millones de niños, no les ofrecen otra cosa para saciar el apetito o la sed que comida chatarra y bebidas hipercalóricas (se calcula que un refresco de 600 mililitros contiene el equivalente de 16 cucharadas de azúcar), cuando no platillos elaborados con exceso de grasa y harinas.





Ganancias, aunque la población enferme


En su propio anuncio, las medidas propuestas por educación y salud fueron torpedeadas por las trasnacionales que serían afectadas.

Desde enero, las empresas refresqueras y de alimentos procesados habían sido llamadas para elaborar estrategias corresponsables para disminuir los efectos dañinos de los altos contenidos calóricos de sus productos. Pese a los acuerdos, las cosas no parecían marchar al ritmo que exige la situación.

Ambas partes firmaron ese mes el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que buscaba la creación de menús equilibrados y abogaba por el uso de edulcorantes no calóricos.

Al parecer, lo que pesó en las autoridades cinco meses después fue constatar que la situación requería acciones inmediatas. Ahora falta ver si éstas, y la propia comisión regulatoria, no doblan la cerviz ante las presiones de las multinacionales.

La primera en levantar la voz ha sido Coca Cola México. Lo que ha sonado extraño es que calificara la política propuesta para normar el consumo en escuelas como “discriminatoria” para sus productos: en efecto, en el documento enviado a Cofemer se establece que las bebidas azucaradas o con edulcorantes artificiales no estarán permitidas, lo que en opinión de Brian Smith, presidente de la trasnacional, “estigmatiza” a sus productos.

Lo cierto es que la empresa había anunciado que dejaría –en un proceso que concluye en 2012– de ofrecer sus productos a las escuelas primarias de todo el mundo.

Otro ramo que se ha sentido afectado por esta medida aún no ha aprobada, es el de envases y embalajes, cuyos productores verán mermados sus pedidos de empaques de plástico, papel y aluminio, utilizados por los fabricantes de alimentos chatarra.

Lo que es cierto es que, independientemente de lo que determine la Cofemer, profesores y padres de familia deberán trabajar unidos para llevar a cabo medidas que impidan mayor daño a la salud de los estudiantes mexicanos.