Obesidad infantil: ¿Salud por decreto?
Por Álvaro Belin Andrade

En adelante, los niños mexicanos deberán abjurar de la fe dietética que, cual corderos, los ha llevado irremediablemente a una juventud enfermiza cuando no al borde de la muerte.

Por primera vez en muchas décadas, se observa en México una política de Estado para atender un grave problema que, siendo tangible, pudo haberse dejado al libre (aunque ignorante) albedrío de la población: la obesidad infantil.

No se trata de un problema de índole estética o cosmetológica: México ha desbancado (o está en un tris de realizar la malhadada proeza) a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, en esa materia.

Veracruz, por otra parte, sí ocupa el primer lugar nacional, porque a las apetitosas viandas de carne de cerdo, frituras de masa con manteca y pan dulce, en las últimas décadas se ha agregado pródigamente la chatarra industrial y los usos comestibles de Norteamérica.

Hace ya varios meses que las secretarías federales de Salud y Educación Pública trabajaban en la definición de un remedio que rompiera de tajo la cadena causal de éste que se ha convertido en problema de salud pública.

Según José Ángel Córdova, secretario de Salud, uno de cada cuatro niños en educación básica tiene problemas de obesidad y sobrepeso.

Ha llegado el problema a tales extremos que, en 2008, se invirtió hasta una cuarta parte del presupuesto total del sector, es decir unos 68 mil millones de pesos, en la atención de enfermedades derivadas de la obesidad.

De seguir la tendencia actual, se estima que en 2017 ascienda a 167 mil millones de pesos.

Paralelamente, diputados y senadores pergeñaron propuestas orientadas a detener el fenómeno, si bien de orden curativo (ejercicio físico) y no preventivo.

De ambos poderes (ejecutivo y legislativo) han surgido medidas que deberán aplicarse de inmediato en todo el sistema educativo nacional, si bien la de dedicar 30 minutos al ejercicio físico durante la jornada escolar tendrá que ser repensada o aplicada según las características de cada escuela.

Y la medida no ha sido tomada exclusivamente por las dependencias federales. En su elaboración y acuerdo han participado los representantes de todos los estados del país, representados en los consejos nacionales de Autoridades Educativas (Conaedu) y de Salud.

Pero la cruzada apenas comienza y los infieles opondrán una resistencia virulenta para evitar la caída de sus más redituables territorios.

Y es que la fórmula del Estado mexicano está preparada con base en productos de limitadísimas dosis de calorías y grasas.

Por ello se espera que, desde empresas trasnacionales hasta obesomenudistas den una ruda pelea para evitar la caída de su imperio.





La dieta de la discordia


Para un mercado cautivo de 25 millones de niños, obligados a consumir lo que las cooperativas escolares y negocios concesionados brindan durante cinco días a la semana, las autoridades han marcado una dieta rigurosa:

Sólo palomitas, papas horneadas, pistaches, habas y garbanzos secos, entre otros, y para tomar, agua potable y jugos en pequeñas proporciones.

Según el titular de la SEP, Alonso Lujambio, en el mercado hay productos de 100 gramos que pueden proporcionar hasta 600 calorías a un niño que sólo necesita 200.

¿Se imagina qué estarán pensando los directivos de las refresqueras, los fabricantes de frituras y los procesadores de jugos, leches y yogures?

El anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar establece la prohibición a la venta de refrescos, productos que superen el mínimo calórico que requieren productos como yogures, leches enteras y azucaradas, alimentos fritos, tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y hotcakes.

Antes del inicio del próximo ciclo escolar, cada una de las escuelas deberá definir una lista exhaustiva de los productos permitidos en los establecimientos comerciales que funcionan dentro de sus instalaciones, y su cumplimiento estará al cargo de los consejos de Participación Social

Aunque se anunció que habrá graves sanciones para quienes vendan comida chatarra, no se especifican a qué tipo de sanciones se refieren.

Estos lineamientos pasarán por un proceso de análisis y aprobación por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para luego ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Su implementación, según los funcionarios federales, será gradual para dar tiempo a la industria de alimentos de desarrollar innovaciones tecnológicas que les permita cumplir los requerimientos

En Veracruz, el secretario de Educación, Víctor Arredondo, ha convocado ya, a través del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, a estudiantes, egresados, investigadores y pequeños y medianos empresarios, a hacer alianzas para la producción de productos alimenticios que se apeguen a las normas establecidas en el ámbito nacional.

De haber una respuesta de los emprendedores veracruzanos, estas medidas podrían traer un doble efecto positivo: por un lado, en la salud de los niños veracruzanos; por otro, en las posibilidades de generación de empleos.

Y hay que hacerlo pronto porque los empresarios afectados ya han empezado presiones.

Pedro García, vicepresidente de la Comisión de Alimentos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ya respingó y dijo que "con actos de autoridad no se cambian los hábitos de consumo de los mexicanos".

Le reprochó a Lujambio que no los hubiera tomado en cuenta, pese a que le habían pedido colaborar. "Sí tenemos que hacer cambios en la industria, pero para eso se necesita tiempo"

Ya veremos cómo se dirime esta batalla.