La UV, ¿en bancarrota?

Por Álvaro Belin Andrade

Junto con otras nueve instituciones de su tipo, la Universidad Veracruzana purga la condena de una situación financiera “insostenible”, por no haber atajado a tiempo el problema de las pensiones de su personal académico y administrativo, según un estudio actuarial realizado para la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos resultados difunde el periódico El Universal.

En efecto, el texto firmado por la periodista Nurit Martínez hace renacer el fantasma de la enorme carga que representa para las universidades públicas el pago a trabajadores jubilados y pensionados que, en la última década, ha puesto a varias de ellas en situación cercana a la bancarrota, por no haber negociado a tiempo con los sindicatos una fórmula para atenuar las circunstancias y sus consecuencias.

Si se habla del sistema universitario nacional, según el estudio la deuda por jubilación asciende a cerca de 450 mil millones de pesos, una cantidad que alcanzaría para financiar a la UNAM durante 16 años.

El actuario Jorge Soto Pérez, quien encabezó la evaluación, señala que la situación que viven 21 de las 33 universidades públicas estatales –la UV incluida– no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.

El grave problema es que la solución pasa por la imposición de medidas impopulares que contaría de inmediato con el rechazo de las organizaciones gremiales, consideradas las más duras en términos de sus posturas reivindicativas.

¿Qué medidas deberán tomar, más temprano que tarde, las universidades públicas que, como la UV, se encuentran en el sitio más cercano al precipicio?

De entrada, según las autoridades federales, una reforma que amplíe el esquema para el retiro de los trabajadores, y establecer una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.

De preferencia, evitar que los trabajadores opten por la jubilación a edades tempranas, mediante la creación de estímulos a la permanencia; eliminar las dobles pensiones, fomentar que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y desligar los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, atándolos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Incluso aventuran medidas retroactivas como la de suspender o disminuir las pensiones a quienes, sin razón, les fueron otorgadas, y eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 ó 25 años de servicio.

La situación es difícil. Las propias sinergias de afianzamiento de la calidad educativa más bien tendrían que pasar por la jubilación de muchos de los docentes universitarios, para quienes la edad les aleja de la necesaria formación continua y actualización tanto de conocimientos como de prácticas docentes.

Muchos profesores sexagenarios que han formado a decenas de generaciones, en lugar de jubilarse se mantienen en activo porque viven la etapa en que más necesitan los servicios médicos que, en el caso de la UV, son mucho mejores que los que les pueden ofrecer las instituciones de seguridad social.

En fin, que la UV está al borde del precipicio junto con las universidades de Zacatecas, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.

En situación que va de lo crítico a lo muy crítico, por detrás de la rayita aunque con riesgo inminente, se encuentran las universidades de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Sólo las universidades de Baja California y Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.

Hay dos últimos grupos: el de las que están próximas a hallar la solución del problema (Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa), siempre que no dejen pasar la oportunidad pues de lo contrario las complicaciones aparecerán entre 2023 y 2033; y el de las que tienen la situación medio resuelta (Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí), que tienen una suficiencia económica hasta 2021.

Las demás están fritas.






Clara estrategia para reponer clases


Armando Alejandro Pulido, por si nadie lo conoce, es el delegado en Veracruz de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Hace cuánto llegó al puesto? No lo sé, pero la semana pasada quiso tener su momento de gloria en los medios y, con gesto adusto, giró sus elevadísimas instrucciones: deberán reponerse en el estado las clases perdidas por los fenómenos meteorológicos, así sea en fines de semana.

Con el caballo a medio estero, el funcionario no reparó en quién le ha prestado el cuadrúpedo. No ha sido el gobierno federal el que ha sobresalido por hallar solución a los obligados paros en las actividades docentes, mientras que en Veracruz siempre ha habido más de una estrategia para reparar los daños colaterales que deja en los programas educativos.

Ocurrió cuando se cancelaron actividades escolares por la famosa epidemia de la influenza AH1N1, periodo en que el gobierno federal no pudo reaccionar así fuera con recomendaciones a las dependencias educativas estatales; recientemente, se aplicaron paliativos conforme avanzaban los días en que muchas poblaciones iban quedando bajo el agua, sin que hubiera una recomendación de la estructura federal.

Difícilmente, la SEV adopta actitudes cómodas u omisas frente a problemas que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes. Ya la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Osorio Martínez, había explicado cómo se le iba a hacer para lograr este objetivo.

De entrada, y gracias a su sistema de información, la SEV no habla en términos generales: tiene claro el panorama de afectación, el mapa de los daños y de los quebrantos en infraestructura educativa; ha definido en qué medida se impactó el calendario escolar y ha creado una estrategia diferenciada de cumplimiento del calendario y del programa escolar por cada una de las regiones afectadas.

Con un poco de humildad y ánimo de colaboración, el funcionario delegado se habría reunido con las autoridades estatales, las operativas propiamente, pero para definir en qué podía apoyar; por ejemplo, en tramitar el envío de libros de texto gratuitos para los miles de niños que se quedaron sin ellos por el paso de los sucesivos meteoros.

La subsecretaria Osorio ha informado como se logrará la reposición de las clases perdidas, en planteles de 112 municipios afectados; en 64 de ellos hubo suspensión oficial de clases de manera general, y hay afectaciones diversas en mil 437 espacios educativos. Ello significó afectar a 130 mil 547 alumnos, atendidos por 6 mil 746 docentes.

Y vea cómo enfrentará la SEV el problema, sin necesidad de que el señor delegado (¿o relegado?) haya dispuesto más tiempo del destinado a sus infaustas declaraciones: La estrategia diferenciada de cumplimiento de calendario y programas escolares en primaria y secundaria se ha estructurado y organizado conforme los días de suspensión de clases.

En los lugares en que se suspendieron las clases entre 3 y 10 días, la estrategia académica de recuperación consistirá en un módulo de dos semanas de regularización (del 25 de octubre al 12 de noviembre); donde no hubo clases entre 11 y 20 días, se aplicarán dos módulos por cuatro semanas (25 de octubre al 26 de noviembre); y en aquellos donde la suspensión fue de entre 21 y 34 días hábiles, se aplicarán tres módulos durante seis semanas (25 de octubre al 3 de diciembre).

Y es que de las mil 447 escuelas afectadas por las lluvias en 112 municipios, en algunas la suspensión de clases superó el mes, como en Tlacotalpan, pero en general el promedio de días perdidos fue de dos a tres semanas.

Así lo detalla Xóchitl Osorio, subsecretaria de Educación Básica en Veracruz:

En la región Centro, 17 municipios reportaron escuelas afectadas; el tiempo de clases perdidas oscila entre 3 días en 5 municipios hasta 16 días en 3 municipios. En la región Sur (19 municipios), hubo 3 días sin clases en 7 municipios, pero en Hidalgotitlán las suspendieron durante 23 días. En la Cuenca del Papaloapan, 28 municipios reportaron escuelas con suspensión de clases, desde 3 días algunos municipios, hasta 34 días en el caso de Tlacotalpan; 28 en Cosamaloapan; 26 en Isla; y 24 días en Hueyapan de Ocampo y en Ixmatlahuacan.

Esto puede significar aumento en la jornada de trabajo normal, además del apoyo de Radio Televisión de Veracruz, con las producciones de Canal Educativo. De hecho, todos los proyectos detonadores de la SEV mantendrán el trabajo conjunto para respaldar las acciones de recuperación escolar en los planteles afectados.

Más claridad de la situación no la ha tenido jamás el señor Delegado.