Veracruz: nuevos rumbos y esperanzas

Por Álvaro Belin Andrade

A quienes nos incomodaba pensar que la oscura mano del exgobernador Fidel Herrera seguiría moviendo el destino de Veracruz a través de un gobernador a modo, imposibilitado para dar a su gestión política un giro firme que cambiara el carácter de las costumbres públicas, 120 días han bastado para intuir que las cosas han encontrado un nuevo acomodo.

                Lo primero que salta a la vista es que Javier Duarte es un gobernador sistemático, ordenado, apegado a la norma, empeñado en que la acción del político no se distancie de la obligación de quien debe manejar con prudencia los recursos que no le pertenecen.

                A los aspavientos politiqueros, atrabiliarios y pendencieros de un exgobernador que dispuso de los recursos públicos con extraordinaria galanura, de modo tal que a muchos hizo pensar que eran inagotables, le ha sucedido un gobernante que muestra una conducta mesurada, un comportamiento que pareciera más colindante con la tacañería que con la sobriedad obligada.

                Lo que pasa es que Duarte no solo ha mostrado la actitud de un funcionario a quien no le queda de otra más que adelgazar el gasto gubernamental por falta de la liquidez en caja. Las acciones recientes lo han mostrado preocupado por dinamizar la economía, única vía para impulsar el desarrollo.

Distancia tersa pero firme

¿Por qué parece que el distanciamiento de Duarte con Fidel es, aunque terso, definitivo y, en algunos casos, crítico, sin llegar a la confrontación?

                En primer lugar, ha puesto en claro, barriendo un poco para atrás en las pasadas administraciones municipales, que no permitirá manejos inescrupulosos de los dineros públicos.

                Por otra, ha restablecido las necesarias líneas de coordinación y colaboración entre su gobierno, priista, y el gobierno federal panista, en asuntos clave como la seguridad pública mediante el combate a la delincuencia organizada y el impulso a la infraestructura para el desarrollo, entre otros.

                Su postura de conducir un gobierno que actúa con orden y proporciona calidad en la gestión pública marca una pauta distinta respecto de su antecesor, acostumbrado a conducir las riendas de un estado rico, empobrecido por la corrupción, con base en corazonadas, impulsos personalistas y desorden administrativo.

                Al presentar el Plan Veracruzano de Desarrollo, Duarte dijo lo que entre líneas puede considerarse, si no una crítica velada sí un contraste respecto a su antecesor: que su compromiso es labrar “un gobierno responsable en sus finanzas, promotor de la estabilidad económica y del crecimiento sostenido”.

                Y luego habría de fortalecer su ideario: “Lograr mejores instituciones, actuar en  la legalidad y aplicar el Estado de Derecho son condiciones esenciales en el ejercicio de gobierno,  para garantizar la paz, la armonía y la tranquilidad de nuestra sociedad”.

                Los veracruzanos padecemos las consecuencias de un ejercicio político que no marcó lindes con la ilegalidad, que se pasó por el arco del triunfo el Estado de Derecho, y cuyo desenfreno permitió el goce de unos cuantos contra el endeudamiento excesivo de todos.

Compromisos que habrá que vigilar

A la espera del documento in extenso del PVD, saltan a la vista los compromisos adquiridos por el gobernador Duarte:

                Disminuir  la pobreza al 50 por ciento, mejorar el Índice de Desarrollo Humano en los municipios con mayor pobreza, impulsar programas especiales de alimentación temprana para niños indígenas, lograr la cobertura universal de salud, reducir la mortalidad materna, pasar del 11 al 5.5% de analfabetismo, 700 escuelas de educación básica de tiempo completo y ampliar equipamiento de escuelas con tecnologías de la información y comunicación.

También se propone construir 300 mil nuevas viviendas, evitar asentamientos en zonas de riesgo, parques industriales, aumentar de 15 a 21 productos agrícolas en que Veracruz sea líder nacional, consolidar red carretera, modernizar puertos y aeropuertos, crear un marco normativo moderno para la procuración de justicia ambiental, lograr finanzas públicas sanas y fortalecer la seguridad pública.

Todos debemos participar de estos propósitos y señalar cuando el proceder del nuevo gobierno se separe de estos objetivos.