Financiar educación privada, ¿solución?

Por Álvaro Belin Andrade

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).

Privatizar la educación superior

El siguiente paso, ya anunciado por el propio Presidente al inaugurar un plantel de la Universidad La Salle en Oaxaca, es aplicar estímulos fiscales a la educación superior, con lo que se cerraría el ciclo que daría pie la tan temida y esperada privatización de la educación.

Lea entre líneas lo que dijo durante el evento: “En cuanto a la educación superior, en fecha próxima anunciaré también un programa de crédito escolar que fortalecerá los actuales esquemas de financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo".

Queda claro que, mientras las universidades públicas sufren inimaginables carencias presupuestarias, que les impide diversificar su oferta académica, expandir la matrícula y ampliar y mantener su infraestructura física y equipamiento, el gobierno federal está apostando por respaldar indirectamente con recursos fiscales a las universidades privadas, cuya inmensa mayoría está marcada por la simulación.

Amén de su trasfondo electoral, las decisiones de Calderón en materia de financiamiento a la educación significarán un mayor crecimiento de la oferta privada, en demérito de lo que están haciendo las instituciones públicas de educación superior.

Según un reporte de la SEP en 2010, en una exposición realizada por Rodolfo Tuirán, México es uno de los países que, en términos relativos, tuvo una considerable expansión del financiamiento privado entre 2000 y 2005, muy por encima del financiamiento público: 106 por ciento contra 19 por ciento.

De esta manera, en 2005, mientras el 69 por ciento del gasto en educación fue público, el restante 31 por ciento se derivó de inversiones hechas por empresarios de la educación.

Esta tendencia se ha fortalecido en el último lustro, lo que está generando múltiples problemas en las universidades públicas, parte de lo cual lo ha manifestado, en el ámbito local, el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo.

La UV ha debido contener una política instaurada por la rectoría, enfilada a hacer crecer la matrícula mediante la incorporación de nuevas ofertas académicas, ancladas a las necesidades del desarrollo regional; también se ha visto obligada a ajustar a la baja inversiones en materia de infraestructura física y de renovación del equipamiento tecnológico y científico, y ver con desaliento las bajas posibilidades de impulsar la investigación científica.

Y lo seguirá haciendo la UV, junto con todas las demás universidades públicas, porque el presidente Felipe Calderón está más interesado en la educación privada.