Balas contra pizarrones

Por Álvaro Belin Andrade

Mientras las universidades del país están decidiendo aplicar férreos protocolos de seguridad para blindar a sus estudiantes, académicos y trabajadores ante la creciente ola de violencia que ha tomado a los centros de estudio como mercado de estupefacientes y la comisión de delitos como secuestro, homicidio y violación, el gobierno federal cumple cuatro años destinando crecientes recursos al gasto militar.

                En una carrera de obstáculos, en cada uno de los cuales caen miles de víctimas inocentes, el gobierno de Felipe Calderón ha inflado en su mandato el gasto destinado a las fuerzas armadas en un 44 por ciento, en un intento fallido por equilibrar su poder de fuego frente al de las bandas criminales que, en lugar de disminuir en sus efectos de violencia, han incrementado la zozobra, el miedo y el peligro por todos los rumbos del país.

                No sabríamos esta disparidad que refleja la composición del gasto federal y que ha significado una merma relativa en los presupuestos orientados a educación y salud, de no ser por un reporte del Banco Mundial.

                Según el documento desglosado en medios de comunicación nacionales, en los años de su gestión, Calderón ha hecho crecer el gasto per cápita en salud de 507 dólares anuales en 2006, a 515 dólares el año pasado. Es decir, apenas 1.5  por ciento. En educación, el gasto por estudiante de educación básica permaneció intacto.

                En cambio, el gasto militar ha crecido ya cerca del 50 por ciento.

                Todo ello ha generado un escenario sumamente distorsionado. En primer lugar, porque ese crecimiento marginal en salud y educación, que en realidad constituye una disminución que amenaza nuestro futuro como nación, está generando muchos pasivos humanos de que se nutre el crimen organizado, al que por cierto no se ha logrado controlar pese a las cifras alegres en torno a número de detenidos, armas incautadas y drogas decomisadas.

                En segundo lugar, porque todas las ganancias que podría representar para el país el rico bono demográfico las estamos echando por la borda.

                Todo ello está impactando aún más el deteriorado estado presupuestal que enfrenta la educación pública, en general, y las universidades públicas, en particular. A los incrementos ridículos que ha logrado el sector educativo, sorprende al organismo internacional los crecientes recursos destinados a las fuerzas militares.

                Este desequilibrio infame en la prioridad de las políticas públicas ha hecho crecer el porcentaje de la población en situación de pobreza, lo que orilla a cientos de miles de familias a incorporarse a las cadenas productivas y de comercialización de las bandas criminales.

¿Policías universitarias?

El impacto que ha implicado para las universidades públicas del país la reducción real de sus presupuestos se profundizará como efecto de una guerra que ha impactado en sus recintos académicos.

                En efecto, la semana pasada, en Mérida, la asamblea de la asociación nacional de universidades (ANUIES) tuvo entre sus principales puntos de la orden del día la discusión de un documento de 70 cuartillas, el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior, que propone rigurosos protocolos de seguridad, cuyos costos no asumirá el gobierno federal, por supuesto.

                El caso más difundido de violencia contra estudiantes, el ocurrido en el Tec de Monterrey, apenas se compara con la comisión de múltiples delitos en recintos universitarios de todo el país, y algo deben hacer esas instituciones para no perder el control y tener que cerrar temporalmente para escapar de una tendencia generalizada.

                Estas medidas propuestas, cuya aplicación necesariamente pasa por la aprobación de las instancias de gobierno de cada institución, implicarán gastos extraordinarios.

Gastos, sí, lo mismo si se construyen barreras físicas y se establecen controles de entrada y salida mediante credenciales inteligentes que, colateralmente, se contrata y capacita a personal de seguridad propio, sobre todo en instituciones que han defendido sus campus de la intromisión de fuerzas policiacas en su ámbito de autonomía; se establecen mecanismos de comunicación interna y se crean y operan consejos de seguridad.

¿Qué podrá hacer la UV en su campus descubierto en Xalapa, cruzado por calles y avenidas, con otras instalaciones educativas en su entorno, para operar barreras físicas a la infiltración del crimen organizado?