Veracruz sigue en el Top Ten

 

Justicia y seguridad pública: ¿cuentas claras?

 

Por Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

Este lunes comparecerá ante comisiones de la Legislatura local el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, mientras que el martes lo hará el procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras.

Aunque la mayoría de los diputados acudirá para aplaudirles, bien valdría la pena que al menos uno o dos pusieran sobre el tapete cómo le ha ido a Veracruz este año en materia de incidencia delictiva del fuero común, donde ocupamos el noveno lugar nacional, con cerca de 42 mil delitos, de enero a octubre.

Según estadísticas de la Procuraduría local, hemos experimentado en octubre una disminución en los delitos de abigeato y homicidio, mientras que en materia de secuestro se mantiene sin cambio respecto a septiembre. Sin embargo, los delitos patrimoniales han ido a la alza, sobre todo los robos con violencia contra casas-habitación, negocios y de vehículos.

La creación de la denominada Fuerza Civil, de la que seguramente hablará hoy el titular de la SSP como uno de los máximos logros del gobierno de Javier Duarte en la lucha contra la delincuencia, no ha tenido prácticamente fruto alguno pues está siendo usada para el resguardo de los deportistas que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y eso es grave porque, mientras eso sucede, por varios rumbos de la entidad están ocurriendo asaltos tanto a negocios como a viviendas y transeúntes y, todavía más, ha crecido la modalidad del robo a autobuses de pasajeros en que se han cometido también delitos sexuales, como ha documentado la prensa veracruzana.

Es sintomático que un día antes de estas comparecencias se informe de la detención de una enorme banda de secuestradores, lo que allana el terreno para difundir cifras alegres durante los encuentros con los diputados de las comisiones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

El problema es que, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en su informe “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2014”, actualizada con los datos del mes de octubre, se observe un incremento en los robos con violencia.

Mientras que los robos a casas habitación crecieron de 42 a 51, entre septiembre y octubre, lo que representa un alza de 21 por ciento, los que se cometieron a negocios crecieron de 94 a 110 (17%) y el robo de vehículos de 124 a 134 (8%), todos ellos con violencia.

Los rubros en que hubo decremento fueron los de abigeato, de 46 a 42 (- 9%), y homicidio, de 84 a 79 (-6%), mientras que los secuestros se mantuvieron sin cambio, al ocurrir en octubre la misma cantidad que en septiembre: nueve.

 

Veracruz sigue en el Top Ten

 

Veracruz se ubica entre las 10 entidades con un mayor número de delitos cometidos, en una lista que encabezan el Estado de México (205,327) y el Distrito Federal (151,144). La lista se completa con Guanajuato (79,119), Jalisco (77,757), Puebla (62,061), Tabasco (52,468), Chihuahua (49,950), Coahuila (44,356), Veracruz (41,698) y Morelos (41,052). En estas 10 entidades se han cometido 803 mil 932 actos delictivos, lo que representa casi el 60 por ciento de los registrados a nivel nacional.

Es cierto que en este rubro, Veracruz experimentó una disminución de 3 por ciento en el número de ilícitos del fuero común entre septiembre y octubre, sin embargo, en los últimos meses se ha notado un crecimiento en los robos con violencia a viviendas, transeúntes y negocios, lo que pone en entredicho la estrategia de combate a la delincuencia de escala baja por parte de las policías estatal y municipales.

En efecto, en el delito de robo con violencia, Veracruz se ubica en el noveno lugar en cantidad de ilícitos, con 4 mil 473. El estado de México, Distrito Federal, Baja California, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Chiapas acumulan 108 mil 896 robos con violencia (a casas-habitación, negocios, vehículos, transportistas, transeúntes y otros), que representan el 70 por ciento nacional.

Vale la pena destacar los robos con violencia a casas, que crecieron de 42 a 51 entre septiembre y octubre, lo que representa un incremento del 21 por ciento, y donde Veracruz ocupa el séptimo lugar, solo superado por los estados de Chiapas, México, Colima, Oaxaca y el Distrito Federal. En este rubro, sumando los estados de Jalisco, Baja California y Guanajuato, se cometió el 74.5 por ciento de los robos violentos en viviendas del país.

En el delito de secuestro, la situación no mejoró entre septiembre y octubre. Según el reporte oficial, en ambos meses se cometieron nueve secuestros, lo que permite sumar en los primeros 10 meses de este año 131 secuestros. Dicha cifra mantiene a Veracruz en el tercer lugar nacional, solo superado por Tamaulipas (221) y el Estado de México (145).

En ocho entidades del país (DF, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco, además de las comentadas en el párrafo anterior) se cuantifican 931 de los 1,228 secuestros cometidos en el país, lo que representa el 75.8 por ciento. De hecho, tres entidades del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) tienen registro de 439 privaciones de la libertad, que representan el 35 por ciento del país. Solo en Veracruz se ha cometido el 10.66 por ciento.

De ello debemos derivar que el problema está muy lejos de resolverse, sobre todo si pensamos que los secuestros que se denuncian y por los que se abren expedientes en las agencias del Ministerio Público representan menos del 10 por ciento de los que realmente ocurren.

Solo en homicidios dolosos Veracruz escapa al top ten de la criminalidad nacional. De hecho, de septiembre a octubre observa una disminución de 5 por ciento, al pasar de 40 a 38.

Los señores diputados locales tienen materia suficiente como para cuestionar tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública como al de la Procuraduría General de la Justicia. Pero ya sabemos que el poder Legislativo mantendrá doblada la cerviz ante el poder Ejecutivo.

 

Lo que ha logrado Ayotzinapa

 

Circula en redes sociales un infograma que vale la pena analizar. En él se señala lo que se considera logros de una prolongada protesta, nacida a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y su precuela con el asesinato de al menos seis personas.

Según integrantes y observadores de este agigantado movimiento nacional e internacional, los logros obtenidos son: renuncia del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aprehensión del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, anulación del contrato viciado del tren de alta velocidad DF-Querétaro, reducción de los días de la gira de trabajo de Peña Nieto por China y Australia.

Además: no reelección de Raúl Plascencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la obligada aparición pública de Angélica Rivera que, lejos de explicar la adquisición de su fastuosa mansión, evidenció el conflicto de intereses del presidente Peña Nieto con las empresas que harían el tren rápido; la obligada difusión de la declaración de bienes del presidente Peña Nieto, la cancelación del desfile del 20 de noviembre, la ruptura de complicidades gremiales en Televisa y el fortalecimiento y cohesión de cada vez más mexicanos conscientes.

Se vale apuntar más consecuencias de este movimiento que ha movido a más mexicanos en las últimas décadas.

 

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La deuda impagable

 

Por Álvaro Belin Andrade

HORA LIBRE

 

Al paso que vamos, si la meta fuera reducir a cero la deuda acumulada del Gobierno de Veracruz, y en el ínter no se solicitara crédito alguno, veríamos caras alegres dentro de más de 35 años, es decir, por ahí de 2050, si nos atenemos a la información proporcionada este martes por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, ante la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local.

 

Ya en julio pasado nos mareaba la danza de las cifras, porque mientras el mismo funcionario aseguraba que la deuda pública de Veracruz había disminuido a 38 mil 172.3 millones de pesos, y señalaba que Hacienda pondría esa cifra en su informe a junio, lo cierto es que la dependencia federal puso a Veracruz como la cuarta entidad más endeudada, con un monto de 40 mil 767.4 millones.

 

Y esta diferencia de más de 2 mil 600 millones de pesos era verdaderamente perturbadora, si bien concluíamos que podría deberse a la suma de la deuda contraída por los ayuntamientos veracruzanos, que se sumaban a la de la entidad, aunque no necesariamente a la de su gobierno estatal.

 

El titular de la Sefiplan dijo ante los diputados, durante su comparecencia por la glosa del IV Informe de Gobierno, que en 2013 la deuda pública gubernamental, esa que nos tiene con la inversión pública por los suelos y con bajos índices de crecimiento, sumaba 38 mil 654 millones de pesos y que, por el contrario, al 30 de septiembre de 2014, se había reducido para quedar en 37 mil 823 millones de pesos, es decir, una disminución de apenas 831 millones, la mayoría de ellos amortizados durante los meses de marzo a septiembre.

 

¿Qué significa tal reducción para efectos de una mayor capacidad de inversión o para lograr mejores calificaciones crediticias? Realmente muy poco, casi nada, si consideramos que esos esfuerzos por disminuir el servicio de la enorme deuda legada por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán han obligado al gobierno estatal a acumular pasivos (no deudas, según la eufemística terminología de los contadores) por mil 500 millones de pesos con constructoras y proveedores, que han asfixiado a la iniciativa privada local y han disminuido la generación de empleos, amén de depender en el futuro de empresas provenientes de otros estados.

 

Y decimos que ha sido la herencia maldita de Fidel Herrera (sin quitar el dedo señalando también a Miguel Alemán) porque mientras Patricio Chirinos dejó en caja 2 mil 800 millones de pesos, con deuda en cero por supuesto, el pillo de Miguel Alemán Velasco nos dejó embarcados con una deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos, por primera vez en la historia de nuestra entidad.

 

Pero Fidel Herrera fue el máximo villano porque, mientras Veracruz retrocedió en desarrollo e hizo aumentar su rezago de obra pública, al mismo tiempo hizo crecer desorbitadamente la deuda gubernamental, tanto la del gobierno estatal como la de los ayuntamientos, y hay voces autorizadas como la del actual diputado local priista Ricardo Ahued Bardahuil, exalcalde de Xalapa, quien ha afirmado que la deuda legada fue superior a 87 mil millones de pesos.

 

 

La danza de los millones

 

Apenas a mediados de agosto Audirac declaraba que, al 31 de marzo de 2014, la deuda ascendía a 38 mil 500.5 millones de pesos (25 mil 859.7 mdp de deuda pública directa a largo plazo contratada con la banca comercial; 7 mil 733.3 mdp proveniente de la emisión bursátil del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos registrada en 2006, y 4 mil 907.5 mdp por concepto de la bursatilización efectuada en 2012).

Dicha cifra, sin embargo, habría descendido para el mes de junio pasado a 38 mil 172.3 millones (una reducción de 328.2 mdp respecto al trimestre anterior) y el funcionario dijo que al 31 de septiembre había bajado a 37 mil 823 millones. En junio, según la SHCP, la deuda de estados y municipios llegó a un saldo máximo de 489 mil 643.4 millones de pesos, del cual el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Estado de México concentraban casi 50 por ciento.

Este martes, Audirac salió ante los diputados con la eterna cara optimista que ha mostrado el actual gobierno estatal cuando se refiere a la deuda; resaltó que la positiva calidad crediticia del estado tiene como principal consideración la evolución en la amortización por el pago de la deuda pública, que ha sido constante y favorable en cuanto a la disminución de su saldo.

No se entiende, por otro lado, por qué si los ingresos totales del gobierno registraron un incremento de 5.8 por ciento en el año reciente, pese al ajuste del PIB nacional para 2014 de 3.9 a 2.7 por ciento, Veracruz no avanza y en cambio retrocede, como señalan las cifras del INEGI para los dos primeros trimestres de 2014.

En efecto, los ingresos pasaron de 98.16 mmdp a 103.84 mmdp, y sin embargo, seguimos como peces arriba de la embarcación, boqueando y a punto de la asfixia financiera. La sonrisa de Audirac, sin embargo, no se desdibuja de su rostro y lanza una perorata que muchos diputados se tragaron:

“La calidad y eficiencia del gasto público en Veracruz mejoró no sólo por la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, sino también por las mejoras en el proceso de planeación, programación y presupuestación, la modernización del sistema integral de información para la planeación, la instauración integral del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, de cuyos lineamientos resultó la operación de 60 programas presupuestarios que reportaron avances en el sistema de indicadores de evaluación del desempeño”.

Ya pronto veremos qué responde la Secretaría de Hacienda, porque Audirac sigue en su discurso de que los retrasos en obras con participación federal y la entrega de recursos a algunas áreas se realizan con retraso debido a que la Federación envía las ministraciones tarde. La vez pasada el propio Luis Videgaray le respondió en Veracruz que no se hiciera bolas ni tratara de engañar a los paisanos, porque las participaciones federales no solo se entregaban a tiempo sino con incrementos.

 

Lorena Piñón se prepara para dar la batalla

 

Ivonne Ortega, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, recibió a un selecto grupo de líderes jóvenes de todo el país para brindarles una capacitación en materia político electoral en virtud del próximo proceso de elecciones. Ante ellos, la exgobernadora de Yucatán les dijo que en 2015 los jóvenes y las mujeres serán pilar fundamental del PRI, no solo por las cuotas de 30% y 50% para jóvenes y mujeres, respectivamente, sino por la importancia  que representan para el revolucionario institucional.

Entre los miembros de este grupo que se reúnen constantemente desde hace dos años para discutir los temas de trascendencia en la agenda nacional, estuvieron el diputado local José Haro, coordinador de la bancada priista de Zacatecas, el también diputado local de Aguascalientes Eduardo Rocha; Roberto Ramírez, dirigente juvenil en Colima, el regidor Cesar Ruvalcaba de Guadalajara, el síndico Gerardo Aldaco de San Luis Potosí; Vida Gómez, directora nacional de derechohabientes del ISSSTE; Cristopher James Barousse, líder de la Red de JóvenesXMéxico, y Lorena Piñón Rivera, secretaria general adjunta del PRI en Veracruz.

En su intervención, la veracruzana manifestó que en el estado se cuenta con un gran respaldo del primer priista Javier Duarte de Ochoa, gracias a quien han emprendido acciones para beneficio de la juventud como la creación de la subsecretaría de juventud y el fortalecimiento de programas de becas, proyectos productivos y de desarrollo profesional que motivan a los jóvenes a salir adelante, reconoció también la labor de Duarte de Ochoa por el impulso a las mujeres, lo que demuestra el hecho de que el PRI estatal sea comandado por una mujer joven y de gran trayectoria como Elizabeth Morales García.

 

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Los juegos del autoritarismo

México, en la cuerdita. ¿Qué sigue?

 

Por Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

 

No han comenzado los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando ya se siente la mano autoritaria del gobierno estatal. Por todas las sedes y subsedes en que se escenificarán las competencias, las decisiones unilaterales, no consensuadas y no informadas adecuadamente a los involucrados, empiezan a afectar la vida cotidiana de los veracruzanos.

Ya no es solo que se hayan retirado los puestos fijos que, ilegalmente, se encontraban en áreas públicas, para evitar dar mala imagen y para que el tráfico, que será infernal, no sea más difícil. El temor a que los juegos sean objeto de alguna discordia o acto de violencia ha hecho que se impongan protocolos de seguridad que afectan sin más a quienes habitan en las áreas circundantes a las instalaciones.

Las protestas de los vecinos en el Puerto de Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos porque se les tratará casi como sospechosos por el solo hecho de entrar o salir de sus hogares, y la obligatoriedad para ello de portar señalamientos oficiales en sus vehículos y en gafetes en sus propias personas, han hecho que esta competencia sean todo menos del agrado de quienes serán los anfitriones.

La mayoría de las instalaciones deportivas no cuentan con estacionamiento, por lo que estos se habilitarán en calles adyacentes, como cuando se realizan los carnavales y fiestas populares. La diferencia estriba en que afectarán también carreteras y rutas de transporte público que, por ejemplo, en una ciudad como Xalapa, significará un verdadero caos.

El viernes pasado, sin anunciar a la población, se cerró la autopista de Coatepec, haciendo circular tanto el transporte público como el privado por la carretera vieja, sin que un solo elemento de Tránsito fuera destinado a organizar el tráfico en el acceso a Xalapa. Como consecuencia, un recorrido que normalmente lleva entre 10 y 15 minutos, se realizó en 45 a 60 minutos. Muchos vehículos de modelos pasados quedaron a la orilla de la rúa por sobrecalentamiento de sus motores.

La experiencia, sin embargo, fue una ligera práctica de lo que ocurrirá cuando durante varios días se cierre la autopista y el libramiento de Coatepec para dar pie a competencias de ciclismo, cuya fase más intensa, por fortuna, será en sábado y domingo, justo cuando los prestadores de servicios de los dos pueblos mágicos (Coatepec y Xico) reciben más turistas locales y nacionales.

En las sedes más fuertes, como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba, las grúas estarán muy activas quitando los vehículos estacionados que afecten la circulación, sin embargo, nada han hecho por habilitar espacios de aparcamiento, así sean provisionales, como enfrente del velódromo.

Los juegos también afectarán las actividades académicas de la Universidad Veracruzana, cuyas instalaciones serán usadas para competencias o para prácticas de las delegaciones que, en este momento, han debido gastar para concentrarse en otros estados porque aquí no terminan las instalaciones comprometidas, como el caso de la delegación ciclista venezolana que debió trasladarse a Aguascalientes y Toluca porque es hora que no se termina el velódromo.

Y no solo para actividades netamente deportivas sino también para que todo el espacio universitario, tanto en Xalapa como Veracruz y Boca del Río, se use como estacionamiento.

Veinte días, en fin, en que los veracruzanos sentirán sus juegos en la parte baja del vientre.

                                   

No hay criminales en Coatepec

 

Si no son producto del cinismo más exacerbado sí, al menos, son penosas y desagradables las declaraciones hechas este domingo por un alcalde de Coatepec que por fin saca la cabeza y lo hace para afirmar que en su municipio no hay delincuencia organizada.

Sin la menor formación en criminalística ni tener bajo su mando a un cuerpo de inteligencia que le permita conocer los tenebrosos pasillos de la violencia criminal, Roberto Pérez Moreno, Juanelo, descartó temerariamente la presencia de organizaciones criminales en Coatepec y su dicho lo ha basado en que ni él ni los integrantes de la comuna han recibido amenazas provenientes de dichas organizaciones.

Es claro que quien fuera su tesorero, Guillermo Pozos Rivera, no fue víctima de ninguna organización criminal, al menos no de las conocidas. Su asesinato a mansalva, tras su levantamiento a plena luz del día en el mero centro de la ciudad, no fue producto de alguna organización criminal. No. Como en el caso de Iguala, fue levantado y asesinado por la propia policía municipal que el alcalde comanda, según lo describe nuestra Carta Magna.

“No existe nada de eso”, dijo, y quien lo escuchó y quien leyó sus declaraciones deberá estar más tranquilo por ese solo hecho.

 

México, en la cuerdita. ¿Qué sigue?

 

La violencia que está viviendo el país, derivada de la impunidad, pero que se ha extendido al ámbito social y político, nos está poniendo en la cuerdita. No hay mejor escenario para los grupos delictivos que el que se está viviendo. Hace ya varias semanas que nadie se acuerda de ellos, nadie condena su actividad facinerosa, su participación en las masacres que se suceden por todos los rumbos del país.

La desaparición y, según la versión de la PGR, asesinato e incineración de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, se ha convertido en un crimen de Estado, y los propios dirigentes del Partido de la Revolución Democrática que llevaron al poder a José Luis Abarca en Iguala y a Ángel Aguirre Rivero al gobierno de esa entidad, piden ahora la cabeza del presidente Enrique Peña Nieto y del procurador Jesús Murillo Karam.

            ¿Quién se acuerda de la organización Guerreros Unidos, brazo ejecutor de uno de los más sanguinarios y deplorables actos de lesa humanidad? ¿Quién reclama la aclaración de las decenas de asesinatos que han ocurrido en el último mes? ¿Quién ha pedido que se identifique a las víctimas halladas en incontables fosas clandestinas tanto en Guerrero como en Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, entre otros?

La reacción unánime de repudio, la atención mediática sobre las marchas y el curso de las investigaciones, la incorporación a las movilizaciones de sectores tradicionalmente pasivos, la exigencia de que se aclare al cien por ciento un acto deleznable que pudo evitarse si la PGR hubiera actuado jurídica y no políticamente al momento en que se presentaron pruebas de la acción criminal del alcalde guerrerense, la reacción internacional tanto de gobiernos y organismos multilaterales como de ciudadanos, todo ello tendrá poco impacto si no ampliamos la exigencia para que se modifique la inactividad del Estado en el combate a toda expresión de violencia criminal.

Mientras Peña Nieto se dirige a China y Australia, el país se le puede ir de las manos. La percepción generalizada es que su gobierno no ha sido capaz de gobernar con justicia y legalidad, ha preferido las componendas con el PAN y el PRD para sacar sus reformas, ha dejado indefensa a la población en manos de la delincuencia y de autoridades estatales y municipales aliadas con ella, y ha dejado a los grupos sociales a merced del autoritarismo político de alcaldes y gobernadores.

Esta gran fuerza ciudadana movilizada no debe enfocarse a un par de consignas políticas, como el de la renuncia de Peña, sino establecer las bases para un movimiento que le quite las riendas del país a los partidos políticos, causantes de la degradación moral del país, de tender lazos con grupos criminales para lograr cuotas de poder y de servirse impunemente del erario.

 

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Una democracia cara e inútil

 

Por Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

Como la transparencia, la democracia en México cada día nos sale más cara… y falsa.

Los enormes flujos de recursos que confluyen en los equipos de todos los partidos políticos durante los procesos electorales no solo entrañan ominosos actos de corrupción en todos los niveles de gobierno sino también inconfesables alianzas con los grupos de poder local y con las organizaciones criminales.

Hace mucho que los comicios están teñidos por la ilegalidad. Baste recordar las acusaciones contra el Partido Revolucionario Institucional por rebasar con mucho los topes de campaña en la elección presidencial pasada.

Tan fuertes fueron las evidencias, que pusieron en duda la legalidad del triunfo de Enrique Peña Nieto.

Pero no fue el único. Cada día se agregan evidencias de un gasto desmedido de todos los candidatos a puestos de elección popular, propuestos por todos los partidos políticos.

Una compleja y onerosa maquinaria es puesta en operación no para convencer sobre las bondades del partido y sus candidatos sino para comprar descaradamente el mayor número de votos.

Por desgracia, ni antes, ni durante ni después de celebradas las elecciones locales y federales se realizan investigaciones serias y a fondo sobre el origen de camionadas de billetes que se usan para manipular el curso de las votaciones. Y todos los partidos, sin excepción, están marcados con el mismo fierro.

 

Un político pobre es un pobre político

 

La frase acuñada por el profesor Carlos Hank González, paisano del presidente Peña Nieto, puso de relieve desde las épocas gloriosas del partido aplanadora, que para aspirar hay que tener, y en abundancia. El propio Hank González fue un ejemplo de ello.

Los propios programas de gobierno que llegan a aterrizar tienen el propósito de incidir a favor del partido que gobierna, y las listas de beneficiarios son manipuladas para obligar a emitir un voto que permita mantener el estado de cosas.

Prácticamente cada año hay procesos electorales. Salvo 2014, en el caso de Veracruz, en los siguientes años el dinero público y el que proviene de grupos delictivos se pondrá en juego para normar la mal llamada voluntad popular.

En 2015, habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En 2016, se renueva la Legislatura local y se abre el proceso para elegir al Gobernador del Estado.

En 2017 se elige a los 212 presidentes municipales.

En 2018 votaremos por Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y, en una de esas, hasta Gobernador del Estado, en caso de que prospere la sospechosa propuesta de un gobernador por dos años.

En 2019, de nueva cuenta elegiremos diputados locales.

Hasta donde mi cálculo lo permite, 2020 será un año para el descanso ciudadano.

Con un calendario electoral de este talante, la pregunta obligada es: ¿cuándo habrá presupuesto para atender las graves penurias de un estado que, como Veracruz, simplemente no crece, salvo en el sector turístico, con un dinamismo lejano al de otros estados?

Y es que, mientras este año, el poco dinero de que ha dispuesto el gobierno estatal para políticas públicas se ha destinado mayoritariamente a la preparación de unos juegos centroamericanos que a nadie tiene contentos, en los próximos años los débiles excedentes se irán a hacer ganar al PRI.

 

El dinero del crimen

 

Si es verdaderamente exasperante que nuestros gobiernos destinen dinero del erario al apoyo de candidatos impopulares que solo comprando votos pueden ganar, es más preocupante que en los comicios juegue dinero proveniente de organizaciones delictivas.

Para nuestra desgracia, cada vez más candidatos de todos los colores y sabores se prestan a hacer alianzas con organizaciones delictivas, empresarios deshonestos, compañías dedicadas a la extorsión, para obtener dinero que les permita el reparto de despensas, camisetas, sombrillas, láminas, bultos de cemento, medicamentos, útiles escolares y… dinero en efectivo.

No hace falta sino tomar del archivero el expediente más cercano, el del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, preso ya en el penal del Altiplano, para saber cómo el Partido de la Revolución Democrática hizo para ganar esa plaza, lo mismo que el gobierno del estado de Guerrero.

La colusión de políticos corruptos y criminales, cobijados por partidos de toda la gama de colores, con individuos y organizaciones urgidos de poder político, están llevando al país a la pérdida de su proyecto de nación.

En todos los rumbos de la república nos gobiernan ladrones, gente ligada a organizaciones criminales o creadores de sus propias mafias dentro del poder para medrar con el presupuesto público.

El estado de Veracruz, por desgracia, no está exento. El criminal endeudamiento realizado por Fidel Herrera Beltrán durante su mandato de ninguna manera se manifestó en el progreso de la entidad y sí, en cambio, en su inexplicable enriquecimiento.

En el actual gobierno, las cosas no pintan diferente. Muchos funcionarios públicos han pasado de la miseria a la más ofensiva opulencia; se han mantenido en las esferas del poder y muchos de ellos se encuentran en la antesala de lograr un puesto de elección popular para contar con el fuero constitucional que les permita evadir la justicia.

Han convertido al antiguo vergel en un verdadero desierto de miseria y desesperanza, sin que haya ninguna posibilidad de llevarlos ante los tribunales, cuyos integrantes también se bañan en el mismo estercolero.

 

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Reacción ciudadana a la violencia

 

Por Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

|Xalapa, Veracruz, México.| La violencia en las zonas urbanas de la entidad solo puede verla quien la sufre. Pese a la difundida capacidad de reacción, las fuerzas estatales de seguridad observan por encimita el fenómeno delictivo.

 

Uno las imagina como si estuvieran a orilla del mar y vieran al sábalo en el relampagueante segundo en que salta sobre la superficie; de ello concluyen que, como el pez, existe el delito pero no es posible saber cuándo y dónde volverá a suceder.

 

Por eso los ciudadanos asolados por continuos hechos de violencia que ponen en riesgo su integridad física y patrimonial, hace tiempo que buscan maneras para defenderse con mano propia.

 

Algunos lo hacen conformándose en grupos armados, con los riesgos de infiltración y utilización que ello conlleva, además de los derivados de su falta de capacitación en el manejo de armas de fuego.

 

Otros buscan tener una conexión segura con las fuerzas policiacas para obtener una respuesta rápida en caso de emergencia, estrategia que, en la mayoría de casos, fracasa cuando la patrulla más cercana tarda más de lo debido en llegar.

 

Hay quienes establecen mecanismos de comunicación vecinal para alertarse entre ellos y poner en práctica algunos mecanismos de disuasión contra asaltantes y homicidas, o para convocar a la fuerza pública.

 

Otros más, en áreas en que se ha perdido la buena costumbre de conocerse por años y poder percibir los aprietos que cruza una familia, buscan recomponerse como comunidad solidaria, a través de actividades culturales y artísticas, de encuentros en que participan niños, jóvenes y adultos.

 

Hace poco Luis Barria, en su columna El jazz bajo la manga, nos habló de lo que ocurre en el antiguo Barrio de la Gota, en el centro de Xalapa (en las calles de Betancourt, Victoria, Guerrero, Altamirano, Azcárate y Bustamente), localizados a unas cuantas cuadras del Palacio de Gobierno, donde han ocurrido robos, asaltos con violencia y asesinatos.

 

“Ante tal situación, los vecinos se han organizado para tomar las medidas de seguridad que ninguna autoridad les proporciona. Más que armarse o comprar alarmas, candados y perros, han iniciado una serie de talleres y actividades artísticas tendientes a reforzar la unidad del barrio”, escribió Barria.

 

Lo que buscan a través de esas actividades es conocerse y reconocerse como sujetos de una misma realidad violenta y peligrosa. En esas coordenadas asesinaron a mi amigo José Luis Blanco Rosas, sociólogo y maestro universitario; también han sido asesinados vecinos, taxistas o tenderos que se opusieron a un asalto o un intento de secuestro.

 

La cosa es que la violencia se salda en nuestras ciudades con las vidas de ciudadanos pacíficos, en muchos casos menores de edad o ya instalados en la senectud.

 

¿Qué necesitamos para evitarlo? Se ha comprobado que incluso uniendo a los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública con los de la Marina, la Policía Federal, el Ejército y la denominada Fuerza Civil de Veracruz en labores de vigilancia y reconocimiento, su aparatosa presencia es una forma de alertar a los delincuentes para que huyan o se escondan.

 

Poco puede esperarse de la presencia masiva de policías en las calles, salvo cuando lo que quieren atacar es la actividad de pandillas.

 

Quienes roban, asaltan, secuestran y asesinan, quienes siembran el terror utilizando medios como los teléfonos, aquellos que estudian las características de las posibles víctimas al grado de conocer sus movimientos y sus cuentas bancarias, esos nunca se sentirán amedrentados por el desfile de patrullas.

 

 

 

 

¿Y las labores de inteligencia?

 

Si pensamos que la Secretaría de Seguridad Pública solo puede realizar actividades de prevención y, cuando estas no funcionan, debe entrar la policía ministerial para realizar las investigaciones que permitan dar con quienes ya cometieron ilícitos, estamos fritos.

 

En efecto, con ese esquema, los gobiernos federal y estatales están condenados, por un lado, a ser rebasados por la actuación clandestina de las bandas criminales, y por otra, a caer en un estado de impunidad.

 

Para nadie es un secreto que la policía de investigación tiene pocos elementos, no cuenta con los conocimientos científicos en materia forense y de criminalística y, para colmo, generalmente ni con gasolina para movilizarse, a veces ni para hacer cumplir una orden de aprehensión.

 

De manera que se debe implementar no solo fuerzas sino inteligencias, y no solo cuando los delitos ya se cometieron sino para atrapar a quienes se dedican al bonancible negocio del crimen, organizado o no.

¿Alguien sabe qué modelo podría implantarse y cuántos elementos debieran ser contratados para investigar a las organizaciones criminales, incluso a los elementos oficiales que están coludidos con las actividades ilícitas?

 

Porque más policías en las calles no es una garantía para resolver los altos índices de criminalidad que observamos en Veracruz, donde cada día se conocen nuevos casos de asesinatos, robos y secuestros.

 

 

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No estamos creciendo

Por Álvaro Belin Andrade

HORA LIBRE

 

 

 

Las cifras son frías y despiadadas. La percepción generalizada entre los veracruzanos de que la situación se ha estancado, de que los negocios cierran a unos meses de inaugurarse, de que no hay empleos y la producción agrícola y ganadera resiente la falta de apoyos y los flagelos de la violencia y el intermediarismo, que no se invierte en obra pública, se corrobora en los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Pese a los discursos de la jarocha próspera y el enorme dinamismo de la entidad sobre la supuesta atracción de enormes inversiones privadas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos ha venido a corroborar lo que el más lego en economía había sentido en su propio pellejo: no crecemos, no aportamos al desarrollo del país, retrocedemos en lugar de logar con el progreso y el desarrollo.

En efecto, según el INEGI, en el segundo trimestre de 2014 Veracruz tuvo un comportamiento negativo respecto a igual periodo de 2013, y se ubica –junto con otros ocho estados– dentro del grupo que presentó las peores lecturas en su PIB, con un crecimiento negativo de menos 0.4 por ciento, lo mismo que Tlaxcala. Incluso, Tamaulipas tuvo un desempeño menos negativo (-0.2%).

 

En el grupo señalado como el que tiró hacia abajo el índice de crecimiento del PIB a nivel nacional, se ubican también Campeche (-2.8%), Morelos (-1.6%), Baja California Sur (-1.4%), Baja California (-1.3%), San Luis Potosí (-0.9%) y Sonora (-0.8%).

 

En contraste, los estados que tuvieron un desempeño destacado y, con ello, impulsaron el crecimiento de la economía mexicana durante el segundo trimestre de este año, fueron Aguascalientes (8.6%), Zacatecas (5.7%), Guanajuato (5.1%), Tabasco (4.8%), Querétaro (4.6%), Guerrero (4.3%), Durango (4.2%) y Michoacán (4.1%).

 

Destaca que tres de las entidades más afectadas por la operación de grupos criminales locales, con una opinión negativa para la aplicación de inversiones e incluso para el sector turismo, como Guerrero, Michoacán y Morelos, superen en más de 4 por ciento al crecimiento experimentado por Veracruz.

 

Según el INEGI, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) mostró un crecimiento promedio de 1.6 por ciento durante los meses de abril, mayo y junio de 2014. Por cierto, este índice contrasta con el del primer trimestre, que fue de 1.8 por ciento.

 

No destacamos ni en la actividad primaria (agricultura, ganadería, piscicultura), rubro en que los estados que tuvieron el mayor crecimiento fueron Aguascalientes (15.3%), Baja California (14.4%), Distrito Federal (13%), Guerrero (12.9%) y Michoacán (12.7%).

 

Aunque Veracruz ha sido considerado políticamente como el granero del país, lo cierto es que en el segundo trimestre experimentó nulo crecimiento: ¡-9.8 por ciento! Como para que cualquiera que gobierne Veracruz se ponga rojo de vergüenza.

 

Las constantes protestas de los grupos y organizaciones campesinas ante el olvido en que los tiene sumidos el gobierno de Veracruz, se han vuelto cotidianas. El mayor esfuerzo desplegado por la Sedarpa, a cuyo frente se encuentra un fantasioso Manuel Martínez de Leo, ha sido vanagloriarse de los primeros lugares que ocupa Veracruz en el volumen de producción de algunos productos del campo, logros en que su dependencia no ha intervenido ni con apoyo financiero ni con asesoría, promoción u organización productiva.

 

Tampoco destacamos en el sector secundario (producción industrial), rubro en que en cambio tuvieron un desempeño descollante durante el segundo trimestre, los estados de Aguascalientes (16.8%), Guerrero (14.2%), Zacatecas (11.2%), Guanajuato (9.9%) y Michoacán (9.2%). De hecho, el desempeño fue negativo: -2.2 por ciento.

 

No nos queda sino preguntarnos el destino de las cifras altísimas anunciadas por el gobierno estatal respecto al arribo de capitales privados, nacionales y extranjeros, para asentar industrias en nuestro territorio.

 

Por otra parte, en el sector terciario (comercio y servicios), Veracruz tuvo un tímido crecimiento de 2.0 por ciento, lo que no le alcanzó ni para rescatar las cifras negativas de los sectores primario y secundario, ni para destacar en la tabla general, donde las entidades que mostraron mayor dinamismo fueron Baja California Sur (4.3%), Estado de México (4%), Querétaro (3.7%), Hidalgo (3.2%), Quintana Roo (3.1%) y Nuevo León (3%).

 

Hay que recordar que en el periodo analizado tuvo una importante aportación el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que sospechamos que el tercer trimestre será más bajo. El cuarto, por el que cruzamos, puede que se componga con los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

 

 

¿Desaparecerán las policías municipales?

 

Tal parece que el tema de la desaparición de las policías municipales, convertidas en brazos armados de los alcaldes y alcaldesas y en extensiones del crimen organizado, se ha vuelto asunto de la mayor importancia en el ámbito nacional.

Varios gobernadores ya se han pronunciado por una reforma policial que permita crear la policía nacional única y una más por cada entidad federativa, para que se hagan cargo de la seguridad en sus respectivos ámbitos de competencia.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, una de las entidades que padecen los más altos índices delictivos, propuso una reforma constitucional para quitar a los municipios la responsabilidad de la seguridad pública, y con él coinciden los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, Rodrigo Medina y César Duarte.

Y es que el caso del asesinato y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa en Guerrero fue la punta del iceberg para reconocer las condiciones que viven las corporaciones policiacas locales, las más cercanas a la población y que son manejadas a discreción por los presidentes municipales.

Los integrantes de estos cuerpos conviven permanentemente con las comunidades donde prestan sus servicios, normalmente sin la capacitación y armamento adecuados y ganando salarios de hambre que, investidos de fuerza e impunidad, tradicionalmente se traduce en extorsión y componendas. Para colmo, en muchísimos casos son cooptados por el crimen organizado, cuyos integrantes los someten a la disyuntiva de ganar más dinero o ser ejecutados, ellos o sus familias, y en muchos casos operan como brazos armados de los ediles.

Estos rasgos hacen riesgoso el actual modelo, definido en el artículo 115 Constitucional, que se refiere a la organización política y administrativa de las localidades.            Sin embargo, pese a la tormenta reformadora de Enrique Peña Nieto, tocar al municipio y sus atribuciones puede ser una operación imposible, sobre todo en momentos en que se avecinan procesos electorales.

Lo cierto es que hará falta por lo menos que el gobierno federal y los de los estados apliquen políticas de vigilancia y operativos más agresivos para intervenir en aquellas policías en que haya incluso sospechas de una actuación ligada con las organizaciones criminales.

 

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