Los
periodistas, bajo varios fuegos: CIDH
Álvaro Belin Andrade
HORA LIBRE
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) vino a Veracruz para observar y buscar una explicación al alto
número de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, desplazados y
hostigados.
No solo observó que el incremento en las
agresiones a periodistas se ha visto con mayor énfasis en estados como el
nuestro donde operan grupos criminales y existe colusión de los agentes
estatales, sino también identifica aspectos en los cuales hemos insistido en
este espacio, como el desinterés de las empresas periodísticas en la protección
de sus trabajadores.
Según el documento Observaciones
Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, dado a conocer este fin
de semana, “en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad
laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios
hacia los periodistas”.
Ya sabíamos de la participación de las
bandas criminales, de la intervención de diversas autoridades (particularmente
locales) y de particulares que vieron en la desaparición física de periodistas
la forma para contener la difusión de hechos en que estaban involucrados.
Pero hemos insistido en la actitud
deshonesta y falta de todo tipo de solidaridad por parte de los empresarios
periodísticos hacia sus reporteros. No solo no han levantado la voz a través de
sus propios medios de comunicación para exigir respeto a la actividad de sus
comunicadores sino en varios casos han preferido despedirlos o incluso callar
toda información sobre los hechos violentos de que fueron víctimas.
Impunidad,
sello de la violencia contra periodistas
Derivado de las reuniones sostenidas del
28 de septiembre al 2 de octubre en el DF y los estados de Coahuila, Guerrero,
Nuevo León, Tabasco y Veracruz, el organismo dependiente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) señala su preocupación por el aumento acelerado en
las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en nuestro
país: “Según ha registrado la Relatoría Especial, en la última década 67
periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del
2015”.
Luego de entrevistarse con autoridades
gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de
gobierno, con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos,
organismos internacionales, académicos y periodistas, los expertos de CIDH concluyen
que “la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en
las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y
colusión con agentes estatales”.
“De acuerdo a la información disponible,
los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción
administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y
asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida
sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a
algunos de estos hechos”.
La CIDH señala, tras entrevistarse con organizaciones
de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y a
periodistas, que de 2010 a la fecha se han registrado en Veracruz 15 asesinatos
de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y
privados, “de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad”.
Periodistas,
en el desamparo
Según se puede concluir del documento, la
violencia criminal, la colusión de policías, la impunidad, la vulnerabilidad
laboral y los todavía débiles mecanismos de protección a periodistas hacen
tierra fértil en el país (y en Veracruz, por supuesto) para que la violencia
contra comunicadores no solo se manifieste en homicidios, desapariciones,
agresiones y atentados a medios de comunicación, sino también en el desplazamiento
interno forzado, al obligar al cambio de residencia de los periodistas en
riesgo.
Uno de los periodistas que participó en
la audiencia celebrada el martes pasado en Xalapa señaló que “en México desde
que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los
periodistas, se volvió el modus operandi”. Y añadió: “Es contradictorio y
genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e
investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables
que ordenaron los crímenes”.
Los expertos de la CIDH alertan sobre el
proceso electoral de 2016, porque en su investigación sobre México tuvo
conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral
de 2015, algunos de ellos –señalan– contra la infraestructura, robo de equipos,
amenazas y ataques cibernéticos. “En los próximos meses varios estados,
incluido el de Veracruz, celebran elecciones, lo que aumentará los factores de
riesgo para esta profesión”.
Los periodistas también han sufrido
violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas,
según la CIDH, que lamenta en el documento que a los hechos de violencia “se
suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar
a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes,
provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son
víctimas los periodistas y comunicadores”.
¿Sirven
de algo los organismos de defensa?
Aunque
la CIDH considera un avance en el país la existencia de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) y la reforma constitucional que en 2013 le otorgó la facultad de
atracción de las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión, precisó
que “aún existen grandes desafíos políticos y jurisdiccionales que deben
sortear la fiscalía especializada y los organismos de procuración de justicia
locales para reducir los altos índices de impunidad”.
Y
añade: “La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia
de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al
aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa
para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el
consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su
conjunto”.
Respecto
a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)
de Veracruz, la CIDH valoró como positiva su creación, sobre todo en un estado
crítico para el ejercicio del periodismo. “A la fecha este mecanismo ha
otorgado medidas a un número importante
de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte
importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía
del gobierno en el largo plazo”.
Por
ello, la CIDH ha emitido una recomendación sobre el tema de la violencia contra
los periodistas:
“Fortalecer
el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y
periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y
dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas
a colaborar con el mismo […] Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de
una política de prevención y de participación de la población objetivo”.
Ya
hablaremos en posteriores entregas de los temas tan críticos abordados por la
CIDH en su documento, una parte mínima por cierto referida a periodistas, de la
que nos hemos ocupado en esta ocasión.
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