Escuelas de tiempo completo: compromiso

Por Álvaro Belin Andrade

Se supone que en 2011, Veracruz contará con buena parte del paquete de 700 escuelas de tiempo completo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en su toma de protesta, teniendo como testigo nada menos que a Elba Esther Gordillo Morales, dirigente absoluta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Este modelo, que permite a los alumnos permanecer desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la escuela, lo que en teoría les haría vivir procesos extensivos e intensivos de aprendizaje, tiene muchos bemoles, desde los políticos hasta los presupuestales y, por supuesto, los estrictamente educativos.

Para nadie es un secreto que este modelo oneroso –lo que no necesariamente le quita virtudes–, ha sido la demanda más reiterada del SNTE y su lideresa.

Le representa a la organización sindical un fuerte incremento en su membrecía, habida cuenta de que si bien los niños deben permanecer toda la jornada, hay que multiplicar el número de los maestros, y es necesaria la contratación de personal adicional para atender servicios como el de alimentación.

Las penurias económicas del gobierno estatal, por otra parte, difícilmente permitirán invertir en estos primeros meses de 2011 en este modelo que, de entrada, demanda la adecuación de las instalaciones de las escuelas que sean incorporadas como de tiempo completo.
Por supuesto, la SEP podría estar en condiciones de afrontar la creación de más plazas magisteriales federales, pero no lo es todo.

Además de instalaciones adecuadas, que incluyan cocina y comedor entre otros espacios, las escuelas de tiempo completo deberán ser dotadas de insumos alimenticios para los estudiantes; materiales y equipamiento didácticos que hagan productivas sus largas estancias escolares, y otros gastos inherentes al proyecto.

A ese problema se enfrentará el gobierno veracruzano a través de la Secretaría de Educación (SEV), cuyo titular ha sido muy escueto al abordar el tema, sabedor de que por lo pronto el proyecto no pasará de ser sólo eso: un proyecto.

Lo cierto es que dentro de unos meses, la profesora Gordillo volteará hacia Veracruz para cobrar la factura, y entonces es posible que lleguen las prisas, pese a que es un proyecto que justamente requiere de mucha planeación, gestión y tiempo.





¿Esconder la mano y luego tirar la piedra?


El tema ha permanecido un poco tras bambalinas. Apenas se labra el Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que en su capítulo de educación deberá contener datos más precisos sobre la operación de esta estrategia. Sin embargo, independientemente de su ubicación en dicho documento, las autoridades educativas debieran establecer los pasos previos para ello.
Habrá que ver si en el desglose del presupuesto asignado a la dependencia se contemplan recursos para empezar a adecuar planteles.

Por lo pronto, es de tomarse en consideración el pronunciamiento que, en este tenor, ha hecho público el Observatorio Veracruzano de la Educación.

De entrada, lo que salta a la vista es su cuestionamiento a la falta de suspicacia del sector educativo veracruzano sobre las bondades de este modelo.

Suspicacia que sí ha tenido el propio representante de Elba Esther Gordillo Morales en Veracruz, el dirigente de la sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, quien expuso no sólo la enorme tarea que representa adecuar instalaciones y contratar más maestros, sino que no haya elementos para evaluar si las escuelas que ya operan realmente funcionan.

A principios de diciembre pasado, Hernández Burgos –recuerda este organismo independiente en su pronunciamiento– dijo que los resultados obtenidos en Veracruz no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo, ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.

Y, en efecto, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, señaló en su momento que, antes de enfilarse hacia cualquier decisión respecto a la expansión del programa, se debería atender la evaluación de lo que ha significado su operación en la etapa piloto.

Como no lo ha habido, este colectivo ha señalado lo siguiente:

“Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla”.

Y se pregunta:

“¿Qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? O bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación?”

Es posible que dichos resultados ya estén en el escritorio del secretario de Educación, pero eso no garantiza que sean positivos. Habrá que someter al análisis de expertos educativos (algo que no es Mota Hernández) dichos resultados, en la hipótesis de que existan.

De ahí que el observatorio solicite la publicación del informe en el portal en internet de la SEV, toda vez que fue prometido que en enero pasado estaría concluido, así como la estrategia metodológica utilizada.

Y concluye:

“Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio; estamos seguros [de] que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana”.

Algo deberá responder, sin que esconda la mano, el secretario de Educación de Veracruz, porque la inversión necesaria para la instauración del programa en 700 planteles representa una suma que requiere una justificación precisa, la certeza de que funcionará y que no se dilapidarán tan escasos recursos en un tema que sólo favorecería a una organización sindical, al menos en el caso de que no sirviera para otra cosa.

Financiar educación privada, ¿solución?

Por Álvaro Belin Andrade

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).

Privatizar la educación superior

El siguiente paso, ya anunciado por el propio Presidente al inaugurar un plantel de la Universidad La Salle en Oaxaca, es aplicar estímulos fiscales a la educación superior, con lo que se cerraría el ciclo que daría pie la tan temida y esperada privatización de la educación.

Lea entre líneas lo que dijo durante el evento: “En cuanto a la educación superior, en fecha próxima anunciaré también un programa de crédito escolar que fortalecerá los actuales esquemas de financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo".

Queda claro que, mientras las universidades públicas sufren inimaginables carencias presupuestarias, que les impide diversificar su oferta académica, expandir la matrícula y ampliar y mantener su infraestructura física y equipamiento, el gobierno federal está apostando por respaldar indirectamente con recursos fiscales a las universidades privadas, cuya inmensa mayoría está marcada por la simulación.

Amén de su trasfondo electoral, las decisiones de Calderón en materia de financiamiento a la educación significarán un mayor crecimiento de la oferta privada, en demérito de lo que están haciendo las instituciones públicas de educación superior.

Según un reporte de la SEP en 2010, en una exposición realizada por Rodolfo Tuirán, México es uno de los países que, en términos relativos, tuvo una considerable expansión del financiamiento privado entre 2000 y 2005, muy por encima del financiamiento público: 106 por ciento contra 19 por ciento.

De esta manera, en 2005, mientras el 69 por ciento del gasto en educación fue público, el restante 31 por ciento se derivó de inversiones hechas por empresarios de la educación.

Esta tendencia se ha fortalecido en el último lustro, lo que está generando múltiples problemas en las universidades públicas, parte de lo cual lo ha manifestado, en el ámbito local, el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo.

La UV ha debido contener una política instaurada por la rectoría, enfilada a hacer crecer la matrícula mediante la incorporación de nuevas ofertas académicas, ancladas a las necesidades del desarrollo regional; también se ha visto obligada a ajustar a la baja inversiones en materia de infraestructura física y de renovación del equipamiento tecnológico y científico, y ver con desaliento las bajas posibilidades de impulsar la investigación científica.

Y lo seguirá haciendo la UV, junto con todas las demás universidades públicas, porque el presidente Felipe Calderón está más interesado en la educación privada.

SETSUV, los escenarios posibles

Por Álvaro Belin Andrade

Que la antaño sempiterna dirigente del SETSUV, Eloína Vargas Merino, fallecida a finales de noviembre pasado, no se halle frente de las negociaciones con la Universidad Veracruzana, puede tener como consecuencia o que el acuerdo llegue pronto, y las autoridades universitarias puedan disfrutar de las fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan, o que la huelga estalle irremediablemente.

Ya se ha visto en estos días que la ausencia de Eloína ha dado como resultado movilizaciones bofas, muy civilizadas, unas cuantas banderas ondeando al sol y muy pequeños contingentes.

La de este primero de febrero fue apenas un mitin en Plaza Lerdo, protagonizado por unos cuantos sindicalizados que fueron bajando de vehículos de la organización, y apenas interrumpieron el tráfico en uno de los carriles de Enríquez.

Los propios trabajadores extrañan la virulencia y combatividad de quien durante más de 30 años, y hasta su muerte, encabezó este sindicato al que todos los rectores del periodo recuerdan con malestar. Ésta será la primera vez en que ella no participe en la negociación contractual y seguramente tendrá sus asegunes, dependiendo del sitio desde el cual se le observe.

El SETSUV no tiene secretario general. No será sino hasta después de este movimiento cuando los integrantes convoquen a elecciones para decidir quién será el tercer dirigente del sindicato en su historia.

Y eso puede representar dificultades importantes. Veamos por qué.

De los resultados de las negociaciones, los miles de trabajadores manuales y administrativos afiliados al sindicato, podrán calibrar (en caso de que no haya acuerdo para una planilla única) quién recogerá el testigo en esta singular carrera de relevos.

¿Será un personaje de mala cara y duro de pelar, en el que los sindicalizados vean la reencarnación de doña Elo, o un personaje de saco y corbata que prefiera dejar la simulación a un lado y concluir las cosas como, de todas maneras, quedan?

Y es que todos los que apuestan por hacerse de este importante puesto se han mantenido en la nebulosidad que les ofrece la democrática discusión interna para evitar ser objeto de linchamiento político.

Como hemos comentado en anterior entrega, el más visible de los posibles candidatos a ocupar la secretaría general es el secretario de Trabajo y Conflictos, Pedro Reducindo Villalba, muy cercano a doña Eloína, pero los trabajadores también le ven espolones a Eleno Villarroel, secretario de Organización.

Sin embargo, a estos dos cercanos colaboradores de la ex lideresa, en breve se sumarán otros para quienes el estilo dictatorial que ha tendido sobre la base trabajadora una nube de inseguridad laboral, y que los nombrados continuarían, debe terminar, dando un golpe de timón para elegir a otros líderes que se han fraguado en lucha regional, fuera de Xalapa.

Y esto complicará la negociación de la noche del primero al 2 de febrero, cuando estas líneas fueron escritas y, cuando aparezcan publicadas, sabremos si hubo huelga o no.

El movimiento, por tanto, no solo tiene un sentido laboral, para beneficio de los trabajadores sindicalizados, sino también un sentido político, pues podría aclarar el panorama y establecer hacia quién se inclinará la balanza cuando deba elegirse un nuevo dirigente.







¿Qué ofrece la Universidad Veracruzana?


Aunque en horas de la madrugada, los estira y afloja redimensionan las propuestas de una y otra partes, el rector Raúl Arias Lovillo ha mantenido su política de poner sobre la mesa la propuesta de lo que la UV puede dar a sus trabajadores, con mucha antelación a la fecha de emplazamiento a huelga.

Lo cierto es que está muy lejos de lo que el SETSUV exige, si bien ha sido la tónica de siempre: ahora, el sindicato exige 20 por ciento de incremento directo al salario, mientras que la UV sólo está posibilitada para ofrecer el 3.9 por ciento, guarismo que la institución no establece, sino que es el parámetro autorizado por las autoridades educativas federales.

Los dirigentes del SETSUV hacen cuentas y no les salen. Suman lo que ofrece la institución entre aumento en salario y en prestación de despensa, y resulta que en términos de pesos y monedas sólo alcanzarían casi siete pesos diarios más, por supuesto en el caso del salario más bajo, porque en la escala mayor esto es un poco más.

La propuesta económica de la UV, entregada hace días al Consejo General de Huelga del SETSUV, incluye el incremento de 3.9 por ciento a los salarios tabulados por cuota diaria vigentes, a partir del primero de febrero de este año, con efectos retroactivos al primero de enero de 2011, sin prestaciones.

Además, el pago de cinco y 20 días de salario tabulado que se encuentran pactados en las cláusulas 68.36 y 68.37 del contrato colectivo de trabajo, que se cubrirán en los términos pactados, en la primera quincena de febrero; un 10 por ciento de incremento a despensa (que representará 660 pesos mensuales) y un pago único de mil 210 pesos.

En el documento de Rectoría, se ha colado una propuesta que siempre había sido rechazada por Eloína Vargas, y que sería un triunfo de la institución en el camino de poner orden en el caos que representa la asignación de plazas, muy benéfica políticamente para los dirigentes, pues ha permitido controlar a la base trabajadora mediante la incertidumbre y el miedo.

Para ello, una vez concluida la negociación contractual, se integraría una comisión bipartita UV-SETSUV para llevar a cabo los trabajos que permitan reubicar y/o transformar personal y plazas sin carga de trabajo y, acto seguido, proceder a crear las plazas que se justifiquen.

Esperemos que las cosas concluyan sin que se ponga en riesgo las actividades sustantivas de la casa de estudios. (Síganos en Twitter: @HoraLibre y visite nuestro blog: http://horalibreconcriterio.blogspot.com/)