Vendrá un PRI beligerante y pendenciero

 

Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

Del discurso mesurado, el trabajo organizativo interno, la adhesión esporádica a las posturas más enjundiosas, la defensa meditada frente a severos conflictos enfrentados por el gobierno local y el justo medio para evitar rupturas con los más sobresalientes militantes, aún si esto significara no pintar una raya definitoria a favor del líder máximo, el Partido Revolucionario Institucional en Veracruz se apresta a adoptar una política beligerante y de permanente confrontación.

El anunciado arribo del diputado federal  Alberto Silva Ramos, el más pendenciero de los chicos de la Fidelidad, a la dirigencia estatal del PRI en Veracruz, en un acto fraguado desde la aldea para realizarse sin dilación el domingo próximo, ya augura el estilo pandilleril que se ha ido decantando en los últimos meses, para enfrentar el grave riesgo que representan los Yunes rojos y azules para la permanencia en el poder del grupo creado por el, posiblemente, próximo cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán.

Desde su paso por la Coordinación General de Comunicación Social, donde consolidó su triunfo electoral en los comicios intermedios de este año, Silva Ramos, apodado El Cisne, dilapidó de inmediato la percepción de su tersura política para irse a la yugular contra Miguel Ángel Yunes Linares, a través de redes sociales y en entrevistas a modo, en que no se ahorró las más elementales formas políticas para contrarrestar las críticas del seguro candidato panista a la gubernatura contra el gobernador Javier Duarte.

Aunque desde la obtención de la diputación federal en las urnas hasta su entrada en la Cámara de Diputados, Alberto Silva Ramos se mantuvo en un silencio que debió serle duro (mientras los más aventajados aspirantes de su partido a la gubernatura ganaban terreno), no necesitó sino tomar protesta en San Lázaro para iniciar la cruzada fidelista contra Yunes Linares.

En efecto, apenas pisaba la alfombra de la sala de sesiones del Palacio Legislativo y ya estaba encabezando a sus 19 colegas veracruzanos del PRI y el PVEM en una conferencia de prensa en que los 20 presionaban a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, para que agilizara la investigación en torno a la denuncia de un ciudadano, miembro del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, contra Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del ISSSTE.

Apenas ayer, en declaraciones hechas a un noticiario radiofónico de la Ciudad de México, arremetió contra el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a pedir licencia del cargo y enfrentar sin fuero averiguaciones y procesos abiertos por la PGR en su contra por el presunto delito de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su alegato público, Silva Ramos también se refirió a otra investigación abierta en contra del diputado panista por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que involucra y a miembros de su familia, en lavado de dinero y compra de inmuebles con recursos de procedencia ilícita.

 

Línea dura contra los adversarios políticos

 

A la estrategia de endurecimiento adoptada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que se manifestó en ataques contra los senadores Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla en el acto en que tomó protesta el nuevo líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina, y la denuncia presentada por diputados locales del PRI y el PVEM por enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, el anuncio de la imposición de Alberto Silva Ramos como presidente del PRI estatal acaba por dibujar la estrategia que se aplicará con miras a la designación del candidato priista a la gubernatura de Veracruz.

La inmediata manifestación de los senadores priistas y más fuertes aspirantes a la candidatura en 2016, Héctor y José Yunes, contra el cambio en el PRI, profundiza la lucha intestina que puede tener como corolario la derrota del priismo el próximo año. Ambos consideraron inoportuna e injustificable la llegada de un nuevo dirigente y, sobre todo, una señal de que la decisión será fortalecer a Silva Ramos para que sea el continuador de la Fidelidad, en demérito de quienes han demostrado tener un mayor respaldo de la militancia.

Al referirse al rumor de la llegada de Silva Ramos, Pepe Yunes dijo que el diputado federal “se encuadra en este tema de que representa o forma parte de una corriente importante, mayoritaria en el priismo en Veracruz, pero que evidentemente no aglutina o no genera los canales para poder articular a todas las expresiones o todas las corrientes”.

Y es que, por lo visto, el grupo de la Fidelidad ha decidido cerrar filas en torno a El Cisne. Mientras Érick Lagos Hernández se ha perdido en la multitud de legisladores en el Congreso de la Unión y Jorge Carvallo Delfín parece conforme con el juego que los mexiquenses le están dando en San Lázaro, Silva Ramos es la figura más rescatable y la que ha mostrado mayor convicción a la hora de entrarle a los puñetazos.

El escenario en el PRI veracruzano a partir del próximo domingo, en efecto, tendrá un cambio radical, y puede alcanzar a todos los factores de liderazgo que deberán ponderar su permanencia en el ánimo del todavía fuerte gobernante mediante una abierta participación en el proyecto de continuidad de un grupo que ha sido cualquier cosa, menos algo positivo para los veracruzanos.

Pero no todo está definido. De aquí al domingo, la decisión tomada localmente buscará lograr el apoyo del dirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones, quien enfrenta como primer reto de su liderazgo la aplicación de una poderosa llave de emparrillado por parte de Javier Duarte de Ochoa, quien solo le ha dejado dos opciones: golpear tres veces con la mano el piso del cuadrilátero para darse por vencido o revirar con un movimiento peñista para evitar la derrota.

Ya veremos el lunes cómo encontramos al PRI y si de verdad el Cisne aterriza en el edificio de Ruiz Cortines.

 

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Los periodistas, bajo varios fuegos: CIDH

 

Álvaro Belin Andrade

HORA LIBRE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino a Veracruz para observar y buscar una explicación al alto número de periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, desplazados y hostigados.

No solo observó que el incremento en las agresiones a periodistas se ha visto con mayor énfasis en estados como el nuestro donde operan grupos criminales y existe colusión de los agentes estatales, sino también identifica aspectos en los cuales hemos insistido en este espacio, como el desinterés de las empresas periodísticas en la protección de sus trabajadores.

Según el documento Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, dado a conocer este fin de semana, “en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas”.

Ya sabíamos de la participación de las bandas criminales, de la intervención de diversas autoridades (particularmente locales) y de particulares que vieron en la desaparición física de periodistas la forma para contener la difusión de hechos en que estaban involucrados.

Pero hemos insistido en la actitud deshonesta y falta de todo tipo de solidaridad por parte de los empresarios periodísticos hacia sus reporteros. No solo no han levantado la voz a través de sus propios medios de comunicación para exigir respeto a la actividad de sus comunicadores sino en varios casos han preferido despedirlos o incluso callar toda información sobre los hechos violentos de que fueron víctimas.

 

Impunidad, sello de la violencia contra periodistas

 

Derivado de las reuniones sostenidas del 28 de septiembre al 2 de octubre en el DF y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala su preocupación por el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en nuestro país: “Según ha registrado la Relatoría Especial, en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015”.

Luego de entrevistarse con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas, los expertos de CIDH concluyen que “la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales”.

“De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos”.

La CIDH señala, tras entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y a periodistas, que de 2010 a la fecha se han registrado en Veracruz 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, “de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad”.

 

Periodistas, en el desamparo

 

Según se puede concluir del documento, la violencia criminal, la colusión de policías, la impunidad, la vulnerabilidad laboral y los todavía débiles mecanismos de protección a periodistas hacen tierra fértil en el país (y en Veracruz, por supuesto) para que la violencia contra comunicadores no solo se manifieste en homicidios, desapariciones, agresiones y atentados a medios de comunicación, sino también en el desplazamiento interno forzado, al obligar al cambio de residencia de los periodistas en riesgo.

Uno de los periodistas que participó en la audiencia celebrada el martes pasado en Xalapa señaló que “en México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi”. Y añadió: “Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”.

Los expertos de la CIDH alertan sobre el proceso electoral de 2016, porque en su investigación sobre México tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos –señalan– contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. “En los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebran elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.

Los periodistas también han sufrido violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas, según la CIDH, que lamenta en el documento que a los hechos de violencia “se suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores”. 

 

¿Sirven de algo los organismos de defensa?

 

Aunque la CIDH considera un avance en el país la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la reforma constitucional que en 2013 le otorgó la facultad de atracción de las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión, precisó que “aún existen grandes desafíos políticos y jurisdiccionales que deben sortear la fiscalía especializada y los organismos de procuración de justicia locales para reducir los altos índices de impunidad”.

Y añade: “La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su conjunto”.

Respecto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, la CIDH valoró como positiva su creación, sobre todo en un estado crítico para el ejercicio del periodismo. “A la fecha este mecanismo ha otorgado medidas a  un número importante de periodistas, pero afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.

Por ello, la CIDH ha emitido una recomendación sobre el tema de la violencia contra los periodistas:

“Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo […] Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo”.

Ya hablaremos en posteriores entregas de los temas tan críticos abordados por la CIDH en su documento, una parte mínima por cierto referida a periodistas, de la que nos hemos ocupado en esta ocasión.

 

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