Bajan secuestro y homicidio

pero crece robo con violencia

 

Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

Entre el primer semestre de 2014 y el primero de 2015, solo ha sido posible una diminución en el número de homicidios, secuestros y robos con violencia en casa-habitación, lo que permite señalar un efecto positivo muy focalizado de la acción de las fuerzas policiacas de Veracruz; en los demás tipos penales se registran incluso incrementos.

A pesar de los discursos de vanagloria, la diferencia entre los dos periodos semestrales es de una disminución marginal en el índice delictivo de la entidad de apenas -0.01 por ciento, al pasar de 23 mil 883 delitos en el primer semestre de 2014, a 23 mil 666 en igual periodo de 2015.

Ciertamente dos de ellos son delitos de alto impacto (homicidio y secuestro), sin embargo, en todos los demás parece que las cosas no han resultado, particularmente en robo con violencia en general, robo común, robo común con violencia, robo con violencia a negocios y robo con violencia de vehículos.

Según los datos agregados del mes de junio por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en sus estadísticas de incidencia delictiva del fuero común, el avance en el abatimiento del número de delitos en general ha tenido muy poco impacto en Veracruz en el comparativo de 2014 y 2015.

 

Cuadro 1. Los delitos que experimentaron bajas en Veracruz.

 

 

 

En efecto, el éxito más destacado ha sido en la disminución sensible del número de secuestros denunciados ante las autoridades ministeriales. En el mes de junio cayó a solo 7, cuando la media este año era de ocho. El dato se aprecia más del año pasado al presente, donde se observa una caída de 93 a 48 secuestros, con lo que se ha logrado una disminución superior al 48 por ciento.

Otro delito que ha ofrecido óptimos resultados es el de robo con violencia a transeúntes, con una disminución de casi 56 por ciento, al pasar de un año a otro de 448 a 199, mientras que el robo con violencia en casas-habitación cayó en más del 30 por ciento, al pasar de 404 a 280 robos.

Tanto el número de homicidios como el de homicidios dolosos también observan una baja importante. De 527 homicidios registrados en el primer semestre de 2014, en la primera mitad de este año ha bajado a 454 (una disminución de casi 14 por ciento), en tanto, los homicidios dolosos han pasado de 265 a 221, lo que significa una baja de 16.6 por ciento.

 

Cuadro 2. Los delitos que experimentaron aumento en Veracruz.

 

 

 

En los demás, la cosa ha empeorado. Los robos en general pasaron de 9 mil 119 a 9 mil 367, con un incremento del 2.71 por ciento; el robo con violencia pasó de 2 mil 435 a 2 mil 686 (10.3% de incremento); el robo común, de 8 mil 771 a 9 mil 074 (más 3.45%) y el robo común con violencia creció más de 10 por ciento, al ofrecer registros que van de 2 mil 373 casos en 2014 a 2 mil 620 en lo que va del presente.

El robo de vehículos con violencia creció en 25 por ciento, al pasar de 516 a 645 casos; el de robo con violencia a negocios creció más de 18 por ciento, al registrarse 355 casos en el primer semestre de 2014 y en lo que va del año tener un acumulado de 420 casos.

 

Homicidio y secuestro, bajan índices

 

Pese a la disminución importante en el número de secuestros, al primer semestre de 2015 Veracruz se sigue ubicando en la tercera posición, con cerca del 9 por ciento de los 551 registrados a nivel nacional. La lista de estados con mayor número de casos en la primera mitad del año es la siguiente:

 

Cuadro 3. Estados con mayor número de

casos de secuestro. Enero-Junio de 2015

 

 

 

En el caso de homicidios en general, Veracruz se encuentra a la mitad de la tabla, en el lugar número 16 con 454 casos denunciados. Lo superan: Estado de México (1,620 homicidios), Guerrero (1,262), Guanajuato (1,134), Michoacán (980), Oaxaca (928), Sinaloa (844), Chiapas (830), Distrito Federal (828), Jalisco (819), Tamaulipas (703), Chihuahua (661), Puebla (595), Baja California (543), Morelos (459) y Sonora (457).

Aunque promedia 75 homicidios al mes, de los cuales se debe hablar de un promedio mensual de 36 homicidios dolosos, en este delito estamos muy lejos de los índices de violencia de los tres estados más afectados por este flagelo (Estado de México, Guerrero y Guanajuato) que, en conjunto, resintieron la muerte de 4 mil 016 personas, que constituyen en torno al 25 por ciento de los 16 mil 168 homicidios registrados en el país en el primer semestre.

 

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Sedesol: ahogado el niño, a tapar el pozo

 

Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

 

Guardando las debidas proporciones, el Código de Conducta que presentó este lunes la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz guarda un extraño paralelismo con la famosa ley anticorrupción del presidente Enrique Peña Nieto: ambos ordenamientos (uno de aplicación ideal en una dependencia local, la otra, de aplicación general en el país) han sido instituidos luego de graves evidencias de corrupción, utilización de recursos públicos en el financiamiento de proyectos privados y una andanada de denuncias políticas y periodísticas.

 

Creer en uno o en otra es tanto como creer en el arrepentimiento del carnicero tras sacrificar al cordero.

 

La Sedesol ha servido, ni la más mínima duda cabe, para fortalecer la preeminencia electoral del Partido Revolucionario Institucional y para anclar fuertemente las carreras políticas de sus titulares.

 

Tras terminar su gestión en el Congreso local, donde fue presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín fue nombrado secretario de Desarrollo Social, desde cuyo cargo, y con la utilización de los recursos provenientes de los programas sociales, se dedicó a fortalecer su presencia en el distrito electoral con cabecera en San Andrés Tuxtla, estableciendo fuertes vínculos con los beneficiarios, apoyando proyectos productivos y financiando con recursos públicos una extensa y aceitada red de promotores del voto a su favor.

 

¿El resultado? Su posterior candidatura priista a la diputación federal por ese distrito, que lo tiene en la antesala de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde pretenderá fortalecer su influencia política por aquello de la posibilidad de ser llamado para contender por el PRI a la gubernatura de dos años en 2016, como parte del equipo de la Fidelidad, siempre que no se la ganen los Yunes priistas o su contrincante en el equipo, el también diputado federal electo Érick Lagos Hernández.

 

Luego del paso de Carvallo, tuvo su debut quien pidió licencia a su cargo como alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos quien, antes de incorporarse como coordinador general de comunicación social, fortaleció su presencia política en la zona norte de la entidad que, a la postre, le sirvió para impulsar su campaña a la diputación federal por el distrito de Tuxpan.

 

Durante la campaña por los comicios intermedios de este año para renovar a los privilegiados huéspedes del Palacio de San Lázaro, el actual titular de la Sedesol, el exalcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, operó con manga ancha a favor de los candidatos priistas a las diputaciones federales y, aunque salió a la palestra a defender como gato boca arriba su inocencia en el caso, sus maniobras constituyeron incluso un escándalo nacional al denunciarse que se destinaron al fin político unos 500 millones de pesos del presupuesto de la dependencia.

 

El senador Alejandro Encinas convocó en abril pasado a una conferencia de prensa que ocupó los titulares de los principales medios de comunicación de la Ciudad de México, en la que puso en el papel una serie de irregularidades denunciadas por el propio personal de la Sedesol, mediante videos y documentos, en que se comprobaba el robo de apoyos a jornaleros agrícolas, robo de tarjetas bancarias y cheques (mediante falsificación de firmas) y obras fantasma en el programa de Empleo Temporal. Encinas hablaba incluso de más de 100 obras públicas, cobradas y reportadas, que no se realizaron.

 

Nadie podría olvidar que, en los inicios del ya desastroso sexenio de Enrique Peña Nieto, en abril de 2013, una serie de videos pusieron en evidencia la participación de dos altos funcionarios, uno del gobierno estatal y el otro del gobierno federal, en la organización de una serie de acciones que involucraban recursos y programas de la Sedesol, en este caso federal, a favor de los candidatos priistas en las elecciones locales, situación que puso en grave riesgo la continuidad del Pacto por México, ante la amenaza del rompimiento por parte del PAN y el PRD.

 

En aquella ocasión, el entonces secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, y el delegado de la Sedesol federal, Ranulfo Márquez Hernández, fueron grabados en una reunión con seccionales de Boca del Río preparando el desvío de recursos a favor de los candidatos del PRI y, aunque no se trataba de la dependencia estatal, puso en evidencia el modus operandi del gobierno estatal en la utilización de los programas sociales en procesos electorales. Ante el escándalo rodó la cabeza de Salvador Manzur, que se perfilaba como el sucesor indiscutible de Javier Duarte, y del famoso Cabeza de Lata, Ranulfo Márquez, quien fue separado por órdenes de la secretaria Rosario Robles Berlanga.

 

Por eso huele raro que se hubiera instituido en la Sedesol estatal este lunes el Comité de Ética, presidido por Ubaldo Poblete Cruz, egresado de Derecho de la UV quien en sus inicios desarrolló su profesión en cargos públicos en el DF, supongo que hasta que empezó el dominio del PRD en el gobierno de la Ciudad de México, cuando tuvo que emigrar a Veracruz.

 

En presencia de Miralda González Ortiz, encargada de la Dirección de Función Pública de la Contraloría General, el presidente del extraño comité habló de las flores que deben adornar a los empleados y entiendo que también a los funcionarios de la Sedesol: amabilidad, dignidad, cortesía y, aunque usted no lo crea, justicia, equidad y transparencia, para garantizar a la sociedad “un adecuado cumplimiento de los principios que rigen la gestión gubernamental, con el fin de otorgar a los veracruzanos certidumbre con respecto a las funciones públicas”.

 

 

 

 

Reglamento de Tránsito: la necesaria mesura

 

 

Lo anunciado este lunes por la mañana por el gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto a importantes enmiendas al Reglamento de Tránsito y Vialidad en artículos que eran socialmente rechazados e, incluso, con algunos tintes de inconstitucionalidad, constituye una respuesta positiva de un gobernante que sabe echar reversa cuando sus propuestas no cuentan con el consenso popular.

 

De entrada, evita sancionar a quienes no ostenten una póliza de seguro por daños a terceros, aunque lo recomienda. Es cierto que es el ideal, sobre todo cuando quien maneja un auto no tendría recursos para resarcir los daños provocados en otros vehículos, pero puede implementarse un programa de convencimiento y que en lugar de que el gobierno estatal reciba el monto por la multa se recomiende a todos la adquisición de un seguro.

 

También, se evita sancionar a los automovilistas que no cuenten con extintor, herramienta y llanta de refacción que, en general, es a causa de la falta de recursos del automovilista. Se quita la prohibición del uso de altoparlantes o megáfonos, tan utilizados por personas que se dedican a la compraventa en la vía pública, evitando atentar contra el derecho al trabajo.

 

Se ha entrado en razón y se ha quitado la prohibición que pendía sobre quienes andan con copas de utilizar el transporte público, lo que se contradecía torpemente con la prohibición y sanción ejemplar contra quienes en ese estado utilizaban un vehículo. Ya sabemos que para evitar esas multas y evitar un accidente que les pueda llevar incluso a la cárcel, muchas personas preferirán usar taxis.

 

Un amplio apartado que implicaba obligaciones de los peatones se han modificado para convertirse en meras recomendaciones y se ha cancelado la prohibición para que ciclistas y quienes andan en patineta puedan hacerlo en las aceras; lo cierto es que debieran realizarse campañas para que estas personas respeten a los peatones.

Habrá que analizar con mayor detalle todas aquellas causas de infracción que han sido derogadas por órdenes del gobernador Duarte pero si aquí hemos sido muy críticos con el original reglamento, también debemos reconocer estas medidas tomadas para evitar afectaciones a la población y para convertir al reglamento en un instrumento jurídico que favorezca la seguridad y una mejor convivencia, en lugar de constituir un rosario de medidas recaudatorias. Enhorabuena.

 

 

 

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El autoritarismo prende el rechazo popular

 

Álvaro Belin Andrade

 

HORA LIBRE

 

 

Parece que los engañosos resultados electorales obtenidos por el PRI en los comicios de junio han hecho creer al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que los veracruzanos le otorgaron el absoluto derecho para hacer y deshacer en su nombre.

Vale decir: se creyeron su propia mitología.

No solo porque los triunfos fueron producto de un enorme laboratorio de fraude y compra de votos sino porque, pese a ello, el PRI y el PVEM apenas obtuvieron el sufragio de aproximadamente el 16 por ciento de los ciudadanos registrados, lo que tira cualquier sueño guajiro de respaldo popular.

La escalada legislativa desatada tras la validación de los resultados de los comicios intermedios, que permitieron a Duarte obtener 16 diputaciones federales aunque también perder en distritos en que se concentra el mayor volumen del electorado urbano (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos), ha puesto de relieve una actitud autoritaria e intransigente.

Lo acaban de hacer de manera descarada sus diputados locales con la aprobación de un Código Electoral (que careció incluso del voto en contra de la mayor oposición en el Congreso, la del PAN, en un tema de la mayor importancia para todos los partidos políticos) y se ha mantenido en vilo a miles de automovilistas y transportistas por la inminente aplicación de un código de Tránsito que acusa un carácter eminentemente recaudatorio.

Todo parece indicar que las manifestaciones contra este último tema escalarán con el paso de los días y seguramente se recrudecerán una vez que empiecen a aplicarse sanciones por parte de una corporación amorfa constituida por agentes de tránsito corrompidos y una policía vial carente de la más mínima sensibilidad para abordar situaciones de orden civil.

 

Defensa omisa y mentirosa del Reglamento de Tránsito

 

Aunque las declaraciones oficiales van y vienen, tiran para las ramas y se reserva al rumor la puesta en aplicación de las nuevas sanciones en materia de vialidad, lo cierto es que se vive un periodo en que las autoridades buscan convencer a la población de las bondades del nuevo reglamento de Tránsito.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa, incluso, ha salido en un video en que busca el apoyo de los padres de familia relacionando las sanciones viales con su programa de protección de menores de edad frente al flagelo de la alcoholemia y el riesgo, cierto y latente, de que alcohol y volante constituyen una fórmula incluso mortal.

En efecto, como dice el gobernador Duarte en el video, se extirpó del reglamento la normatividad de las manifestaciones; también, que los montos de las multas que se aplicarán a hechos como manejar bajo los efectos del alcohol, distraídos con el celular o con temeridad no solo son menores a la media nacional sino que incluso podrían ser elogiados.

El problema es que mencionar esas multas y ocultar las que criminalizan a quienes por su situación económica se ven obligados a conducir vehículos viejos es una defensa pobre y engañosa. Lo mismo ha hecho el director de Tránsito y Vialidad, Edmundo Martínez Zaleta, quien ha salido con una actitud más autoritaria a señalar que el reglamento va a como dé lugar y maneja los mismos conceptos con los que cualquiera estaría de acuerdo.

El gobernador nos da la opción de denunciar actos de extorsión de los agentes viales mediante llamadas al 066, cuando la corrupción llega a los más altos niveles de decisión, lo que significará solo una pérdida de tiempo.

A cualquiera que tenga un dedo de frente le queda claro que el propósito fundamental de estas multas es meramente recaudatorio. No hay un solo compromiso del gobierno estatal como contraprestación para hacer más ágil y más seguro transitar por las calles de las ciudades, carreteras estatales y caminos vecinales, la mayoría de cuyas responsabilidades el propio Javier Duarte las endilga a los ayuntamientos.

Las graves carencias financieras que enfrenta Veracruz en el sector público, que ocasionan incluso el retraso en las ministraciones para el pago de nómina, pensiones y otras prestaciones (como las que padece el personal académico de la Universidad Veracruzana), están obligando a buscar cómo subsanarlas. El grave problema es que se le cargará la mano a los veracruzanos que menos tienen.

 

Código electoral: ataques en lugar de explicaciones

 

Lo mismo sucede cuando los priistas defienden el nuevo Código Electoral atacando a la oposición, particularmente al PAN.

En días recientes, tras la atrabiliaria aprobación de las nuevas reglas electorales locales, que orilló a diputados del PAN a abandonar el salón de sesiones del Congreso, ha salido una de las barbies priistas a decir tonterías para tender una cortina de humo.

Para Corintia Cruz Oregón, diputada suplente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, la reacción de los panistas tuvo una motivación misógina, pues no quisieron aprobar que las mujeres veracruzanas ocupen el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección popular.

La chica que ha estado bajo el cuidado de políticos como Elizabeth Morales y Javier Duarte de Ochoa no ha tenido el menor empacho a acusar a los panistas de dar la espalda a esta prerrogativa que reconoce el trabajo y la capacidad del sector femenil de la población.

Seguramente sin acudir siquiera a la sesión en que se dio caballazo legislativo para imponer el nuevo código electoral, la escultural Corintia dio cátedra de historia patria y recordó que en 1953 se reconoció a las mujeres su derecho a votar y ser votadas y que, desde ese año a la fecha, “no se había dado una reforma electoral tan importante” como la aprobada recientemente en Veracruz. ¡Válgame la rebuznancia!

¿Alguna vez señaló que la discordia se había centrado en la normatividad de las candidaturas independientes y en la integración de los órganos electorales, no en la igualdad de género? Para qué, si lo que le importaba era tender una cortina de humo. 

 

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