Crecerá la violencia en Veracruz

Por Álvaro Belin Andrade

No es aventurado afirmar que la violencia pronto se recrudecerá en Veracruz. Los grupos delictivos que se disputan las plazas norte, centro y sur de Veracruz (Cártel del Golfo, Zetas y Familia michoacana, según el Ejército) no solo se enfrentan entre sí para ganar posiciones y realizar el trasiego de drogas y demás actividades delictivas; también lo hacen contra las fuerzas federales, apoyadas ahora por las corporaciones policiacas del estado.

Sea por convicción o por lograr desactivar un persistente bloqueo en el flujo de recursos federales a las arcas estatales, que mantiene en franca sequía al gobierno veracruzano, o por ambas razones, lo cierto es que el gobernador Javier Duarte se ha incorporado con un entusiasmo sin par al combate frontal contra el crimen organizado que campea en Veracruz.

            Para ello ha debido pintar su raya respecto de su antecesor, para quien lo más importante fue mantener la calma en los medios informativos sin importarle que no sucediera algo similar en la percepción de la población, asediada por los grupos criminales y sin posibilidad de lograr el apoyo de un gobierno más interesado en ocultar los hechos delictivos que en proteger a los paisanos.

            Pero que no aparecieran esos hechos de violencia en los medios de comunicación no significaba que no existieran. Fidel Herrera Beltrán, en su mandato, se comportó como apicultor: mil veces no agitar los panales, así las abejas picotearan a inocentes sin capacidad de acceder a los medios de justicia… y a los de comunicación.

            El hombre de Nopaltepec chocó incluso con el presidente Felipe Calderón. Su obstinación en que no se aplicara a cabalidad el programa federal de seguridad en el estado hizo que muchos lo miraran con recelo y que, en el solar veracruzano, se crearan historias que llegaron a ligarlo directamente con los diversos grupos delictivos de mayor peso en la entidad. Por supuesto que ninguna de esas historias puede alguien postularla como real, a riesgo de ser refutado en tribunales y recibir castigo por no probar su dicho.

Por fortuna, su sucesor ha preferido que la verdad salga a flote y se ventile, no porque quiera colocar el tema entre los más leídos sino porque las circunstancias no dejan lugar a dudas.

            Según reportes de las propias fuerzas federales, hasta los primeros cinco meses de 2011, se habrían suscitado enfrentamientos en 16 lugares del estado, desde Tantoyuca, Platón Sánchez, El Higo, Pánuco y Ozuluama, en el norte, hasta Coatzacoalcos, en el sur, pasando por Poza Rica, Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

            Y los enfrentamientos se han recrudecido, con saldos más numerosos en cuanto a muertos, aunque la estrategia federal de comunicación reitera en que dichas confrontaciones se realizan únicamente entre buenos y malos, sin daños colaterales que afecten a la población civil, lo que es difícil de creer pues las balas no respetan, no tienen conciencia como para discernir entre unos y otros.

Habrá que esperar la reacción

Pero, igual que en el país, a persecución de criminales, incremento de la violencia. Según las estadísticas del terror, en los primeros 5 meses fueron abatidos 34 presuntos integrantes de bandas del crimen organizado y fueron detenidos otros 80. En este recuento, por supuesto, no se consideran las batallas de junio, una de las cuales, la ocurrida a la altura de El Lencero, dejó un saldo de 11 muertos que, según autoridades federales y estatales, eran delincuentes, aunque ya ha habido una reacción inmediata de familiares de uno de los supuestos criminales, un simple trabajador técnico que venía acompañado de dos colegas, a quienes se les ha presentado como miembros del crimen organizado cuando solo tuvieron la enorme mala suerte de pasar en mala hora por el lugar equivocado.

            En las últimas fechas, los comunicados oficiales no hablan de civiles ni de efectivos federales muertos en combate, y puede ser que: o están mejor pertrechados los miembros del Ejército, la Armada y la PF, o se libran los enfrentamientos en parajes despoblados o ha bajado el nivel de fuego de los criminales, lo que puede ponerse en duda pues hasta mayo se hablaba de un decomiso de 98 armas de alto poder, más de 22 mil cartuchos y 50 granadas, de manos de los sicarios.

            La violencia empieza, incluso, a tocar a sectores como el de periodistas. La intimidación como parte de la estrategia de las bandas criminales (acción de la que no se eximen las propias fuerzas federales), ha hecho que la autocensura prevalezca en los medios y, cuando eso no ocurre, el homicidio ha sustituido todo género de negociaciones, como ha sido el caso del periodista Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), subdirector de Notiver, asesinado en mala hora junto con su esposa y su hijo menor.

            Que la cosa se pondrá difícil lo refrenda el hecho de que la Policía Federal incrementará en más de 100 por ciento sus efectivos en el estado: de 300 que hay, en breve el contingente llegará a 700 elementos.

También, que haya sido atacado a balazos el edificio denominado Palacio de Justicia Federal, en Xalapa, con saldo de un policía muerto. ¡Cuidado!

Los titubeos de Raúl

Por Álvaro Belin Andrade

El rector Raúl Arias Lovillo ha andado muy errático en sus posiciones públicas en torno a temas que calan en el espíritu universitario.

                El caso más grave, sin duda, ha sido su acelerón, freno y reversa en el caso de una manifestación universitaria de repudio por la ejecución del maestro José Luis Martínez Aguilar, alvaradeño, cuyo cuerpo se localizó calcinado hace más de una semana en calles del norte del Puerto de Veracruz.

                La inicial adhesión y respaldo a la convocatoria se granjeó la simpatía de una comunidad universitaria que empieza a resentir los efectos de la violencia que ya lacera varias ciudades del estado, particularmente la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

                Pero el coatepecano tuvo que frenar y echar para atrás el auto no bien recibió una, supongo, respetuosa recriminación de importante oficina del gobierno estatal, para que atemperara su ímpetu contestatario, siendo du posición la de un funcionario público del más alto nivel.

Entonces emitió un extraño comunicado en que señaló que había recibido la promesa de parte gubernamental y de la Procuraduría General de Justicia, de que se actuaría con toda prontitud, agilidad y consideración para investigar el grave hecho delictivo y se daría con los culpables.

Pese a una enemistad de años, el ahora Procurador Reynaldo Escobar Pérez se movió rápido y acudió a Rectoría a presentar a Arias y su selecto grupo de confianza todas las garantías de que el caso se tomaría con especial interés por las instancias investigadoras y se daría con el o los asesinos. Fueron ofrecimientos, ciertamente contundentes, pero no resultados concretos.

Si Raúl se hubiera abstenido de sumarse públicamente a la convocatoria y, sotto voce, la hubiera respaldado, no hubiera tenido que hacer público una postura que a la postre le generó una retahíla de descalificaciones en las redes sociales. Pero lo hizo porque es impulsivo.

Ya vimos cómo se le compensó. El gobernador Javier Duarte, convertido en Presidente honorario del Patronato Pro UV, se comprometió a generar una nueva relación entre su gobierno y la casa de estudios, y eso estuvo muy bien.

Junto con el tuxpeño Roberto Hernández, cuya contribución a la universidad de su tierra debe ser muy interesante porque no la he entendido jamás, visitaron el cascarón de lo que Fidel Herrera siempre se jactaba que sería parte de la contribución veracruzana a la celebración de los centenarios, cosa de lo que se olvidaba tan pronto regresaba al helicóptero.

Renacerá la esperanza porque ahora lo dice Javier Duarte y a él se la creo más que a su antecesor: el gobierno estatal contribuirá para concluir la sala de conciertos de la UV, donde podamos escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en un recinto decoroso y no a punto de colapsarse como el Teatro del Estado.

Rectores que resistieron

Al final de cuentas, Raúl Arias Lovillo caminó por las calles de Xalapa en la marcha que exigió justicia, pero no con la firmeza y rectitud con que lo hizo el ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, aquel 30 de julio de 1968, cuando en época aciaga lo declaró día de luto para la universidad porque se había violado su autonomía. Y se enfrentaba al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que ya había dado muestras de represión y barbarie.

            Ni siquiera tuvo el arrojo de quien fuera rector del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  mejor conocido como Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, a quien le tocó ver con rabia cómo miembros del Ejército mexicano cegaban en marzo de 2010 la vida de dos estudiantes de posgrado que caminaban por su campus porque los “confundieron” con delincuentes.

            Aunque Rangel Sostmann renunció a su puesto en junio de 2010, su entereza le alcanzó para presentar en abril de ese año, ante el Senado, propuestas orientadas a que los militares que violen los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y no por la justicia castrense, para evitar por supuesto que sean objeto de beneficios.

            Ambos, a su medida, se enfrentaron al poder presidencial, en respuesta a situaciones traumáticas que afectaron a toda su comunidad.

            Raúl no pudo sostener su inicial impulso solidario.

            Ahora esperemos que se le cumpla lo que se le prometió: justicia para la familia del profesor José Luis Martínez Aguilar, y apoyar a la UV a proteger a sus miembros mientras se encuentren en las instalaciones universitarias.

           

El paraíso de la impunidad

Por Álvaro Belin Andrade

En las últimas décadas, Veracruz se convirtió en un paraíso de la impunidad. Los ciudadanos e, incluso, los líderes de opinión y los periodistas habíamos dejado en el olvido las herramientas más eficaces de la denuncia.

Nadie se atrevía a hacer públicos los reclamos y los señalamientos, agobiados por el cinismo con que el Estado solapaba a funcionarios corruptos, a líderes amparados en siglas o fueros constitucionales para salvar el pellejo cuando eran señalados penalmente por sus víctimas, a periodistas que se parapetaban tras la amenaza y el chantaje para gozar de las mieles del presupuesto y evitar la acción de la justicia, a ladrones irrefutables que despachaban en oficinas públicas y a delincuentes con patente de corso que circulaban libremente por nuestras ciudades asaltando, secuestrando o asesinando a inocentes.

En un juego de espejos, con cola que les pisaran, los encargados de poner orden y aplicar la justicia preferían mantenerse al margen, solapar a delincuentes reconocidos y negociar políticamente con los rescoldos de una sociedad atemorizada por la total indefensión.

Ello ha moldeado a una sociedad veracruzana que, o ha preferido mantener la boca cerrada ante las injusticias o, en el peor de los casos, ha buscado incrustarse en los beneficios de la simulación y la corrupción generalizada, sea para recibir beneficios mal habidos o para incorporarse al complejo entramado del delito como una de las formas más seguras para sobresalir.

Para nadie es un secreto que en el sexenio precedente todo se hizo con tanta desvergüenza que ni el gobierno federal pudo entrar a ejercitar acción persecutoria alguna para detener una espiral de violencia y delincuencia a todo nivel que nos ha colocado en una situación sumamente vulnerable, no solo en el aspecto financiero sino en el plano de los valores más básicos para la convivencia social.

¿Todo sigue igual?

Puedo decir a mis hipotéticos lectores que soy el primero en saltar, como movido por un resorte, cuando me entero por las redes sociales de balaceras en Veracruz, Xalapa u otra ciudad del solar veracruzano.

Cuando me preguntan si estoy de acuerdo en que el gobierno veracruzano se sume con tanta convicción a la cruzada contra la delincuencia organizada, yo contesto que lo que está ocurriendo en las calles tiene muchos años que sucede.

La diferencia es que hoy no hay un gobernador que sale a la palestra a decirnos que eso no es cierto, que el estado está en paz, que los cuerpos hallados en calles y campos los trajeron de otros estados para crear confusión, que somos mentirosos, que no debemos sentir temor aunque nos estén apuntando con una pistola.

A Javier Duarte de Ochoa se le ha estigmatizado por el peso del pasado. Cualquier persona ha preferido imaginar que las cosas en la política seguirían, con él, el mismo derrotero. Nada tan alejado de la realidad: a cada balacera, a cada persecución protagonizada por militares, policías y delincuentes, el gobernador ha salido a informarnos del fondo y el saldo de tales acciones.

Y no solo eso. Desde el inicio de su gestión, fue inflexible a la hora de meter a la cárcel a exalcaldes que alegremente se llevaron a casa lo que es colectivo.

Cada día, un personaje público –periodista o político poderoso– está siendo llevado a tribunales.

La semana pasada, un pederasta cobijado tras las siglas del PRD, el exdiputado Celestino Rivera Hernández, fue hallado flagrantemente en el acto de violar a un menor de edad y metido a la cárcel; en el anterior sexenio, fue exonerado de un caso evidente y probado de violación contra una indígena de 14 años, con la complicidad oficial y de su partido.

Un personaje priista, Pablo Pavón Vinales, quien fuera poderoso dirigente petrolero, fue detenido por la AVI como presunto culpable de los delitos de fraude y desvío de recursos. Antes, varios periodistas fueron llamados a cuentas por diversos delitos.

El mensaje es claro: la impunidad no será, ya, ingrediente de la política. Más valdría recuperar la capacidad de reclamo y de denuncia, antes que objetar a mansalva, por sistema.

De la desaparición de la policía intermunicipal en Xalapa, Banderilla y Tlalnehuayocan, solo falta que se hagan públicas las causas, y no solo la de que se busca una policía de mando único, porque detrás de los más de 800 policías despedidos hay el mismo número de familias que se quedarán sin el salario de sus principales sostenes.